Óscar G. Chávez
Lo de siempre, en un marcado tono de autoridad y solvencia moral el gobernador mantiene una constante confrontación discursiva contra la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; no es directamente contra el rector o las diversas instancias que se ocupan de la administración de la institución, sino contra toda la comunidad universitaria.
Su discurso, que rebasa ya por mucho los límites del terrorismo argumentativo, no tiene ya sólo el objetivo de justificar la negativa para el otorgamiento de recursos sino también para pronunciarse a favor de la disminución de los mismos. Pareciera todo un entendido en materia de administración educativa, pero pasa por alto que al final esto se revierte en los recursos federales otorgados al estado.
La finalidad no sólo es el control de los recursos monetarios, por los que cada vez es más claro que tiene marcada predilección y buscará obtenerlo de todos los lugares y dependencias de dónde le sea posible, sino también establecer un coto de poder directo en la casa de estudios que finalmente llevará al inicio del párrafo. Consideremos que el presupuesto anual de la UASLP es similar al del municipio de la capital.
Esto es poco probable que escape a la percepción de las autoridades universitarias, sin embargo han decidido continuar manejando el tema de los recursos, dentro de los terrenos de la diplomacia sin malmodear la relación con el ejecutivo estatal. La prudencia y la paciencia se vuelven claves en el tema.
No es sólo la Universidad, una visión más profunda nos permite ver que ya también tiene en la mira y de una manera para nada disimulada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que si bien, desde la viciada elección (por haber sido pactada en cierto precio, sino pregúntenle al ingeniero Stevens) que llevó a la presidencia a su actual titular, ha echado el trabajo de años pasados al basurero, tampoco es conveniente que se convierta en otra caja de abastecimiento monetario de los requerimientos inmediatos del Ejecutivo.
Ya esta semana lanzó una advertencia, y no es tanto por el trabajo que realiza, o más bien no realiza la Comisión, eso en realidad no es de los intereses del gobernador, la estrategia es advertir a la titular que es momento de comenzar a colaborar de otra forma.
En lo sucesivo todo, cualquier dependencia sujeta al control de gobierno del estado resultará ordeñable; ya pasó satisfactoriamente el primer año, los tejes y manejes se han simplificado, la cosa era agarrarles el modo. El ejemplo más preciso lo podemos encontrar en el turbio funcionamiento y misteriosos manejos de los recursos de la Feria Nacional Potosina; el interés no es la diversión popular, sino los centavitos que ésta deja. La reticencia a la transparencia tiene un porqué.
Por otro lado lo que más importa es lo que menos se atiende, ahí está el caso de la Escuela estatal de iniciación musical Julián Carrillo, que ya desde hace algunos años amenaza con desplomarse sobre los alumnos. Un edificio propio de gobierno del estado (adquirido gracias al empeño del maestro Carlos Undiano, durante la gubernatura de Marcelo de los Santos) del cual, el actual secretario de Educación dijo que no se reparaba por un asunto de rentas leoninas. Ni saben lo que tienen, ni hacen lo que deben.
Y así en la mayoría de los asuntos de la administración pública, aparentan ser conocedores de cualquier tema y conducirse con total experticia, sin darse cuenta que en el avance que aparentan, dan sólo pasos de ciego. Ahí está, como novedad, el absurdo recurso que buscan interponer en el asunto del plan de manejo de La Joya: declarar que no hay interés jurídico en quienes promueven el amparo por no vivir en el lugar. Miren que la Consejería jurídica de gobierno del estado ya comienza a parecer la sindicatura municipal.
Mientras, buscando reforzar su imagen de omnipresente e inefable, el gobernador ya decidió que la Iglesia carece de autoridad para impulsar el uso del cubreboca. Lo que faltaba, éste no se halla ni con dios ni con el diablo; lo mismo busca para San Luis.
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