Desiree Madrid
El Poder Judicial de San Luis Potosí respondió a la protesta de sus jubilados y pensionados con un comunicado sobre su disposición al diálogo, pero sin precisar si aplicará el incremento de 3.5 por ciento a las pensiones, cubrirá los retroactivos reclamados o atenderá la solicitud de reunión que la agrupación asegura haber presentado desde el 1 de octubre.
El posicionamiento, titulado “Poder Judicial reitera su disposición al diálogo y la atención institucional”, fue emitido luego de la manifestación realizada el miércoles 28 de octubre frente a la Ciudad Judicial, donde integrantes de la Primera Gran Asociación de Jubilados y Pensionados exigieron una respuesta a sus demandas económicas.
En el documento, la institución señala que reconoce la importancia de mantener canales de comunicación y diálogo con las personas que han formado parte de la institución, así como con sus representaciones sindicales, pero no informa si recibió la petición de reunión de la asociación ni establece una fecha para atenderla.
Sobre los reclamos relacionados con prestaciones y ajustes económicos, el Poder Judicial refiere que “se han mantenido canales de diálogo con el sindicato mayoritario, a través de los cuales se abordan los planteamientos correspondientes, conforme a las disposiciones legales, administrativas y presupuestales aplicables”.
El comunicado no identifica los asuntos discutidos con el sindicato ni aclara si esas conversaciones incluyen las demandas de las personas jubiladas y pensionadas. Tampoco responde si el aumento de 3.5 por ciento autorizado para trabajadores del Gobierno del Estado será trasladado a sus pensiones.
La institución también expresa su respeto al derecho de manifestación y a la presentación de solicitudes por las vías institucionales, sin precisar qué seguimiento dará al reclamo presentado por los extrabajadores.
La respuesta llega después de que la asociación denunciara que llevaba 28 días sin obtener contestación a su solicitud de reunión, fechada el 1 de octubre. En su manifiesto, sus integrantes señalaron que el incremento salarial fue autorizado desde el 10 de agosto para trabajadores del Gobierno estatal y exigieron que se cubra el ajuste correspondiente, además de los pagos retroactivos.
“Para las autoridades actuales nos hemos vuelto ‘invisibles’”, expresaron durante su protesta, en la que también rechazaron que la falta de presupuesto sea utilizada para justificar el incumplimiento de sus demandas.
La agrupación, presidida por Ana Luisa Morales Lara, dirigió sus exigencias a la consejera presidenta del Órgano de Administración Judicial, Mónica Lárraga Sáinz, y a los consejeros Berenice de la Rosa Reynoso y José Alfredo Salazar Hernández.
Aunque el Poder Judicial concluyó su comunicado con el compromiso de “privilegiar el diálogo, mantener una comunicación respetuosa y dar seguimiento, a través de las instancias competentes, a los asuntos relacionados con los derechos y prestaciones del personal”, no ofreció una respuesta específica sobre el aumento ni sobre los retroactivos reclamados por sus jubilados y pensionados.
