Por Victoriano Martínez
Los intentos de depredación inmobiliaria en la Sierra de San Miguelito no cesan y para el próximo martes el Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad de San Juan de Juadalupe convocó a una asamblea de formalidades especiales para asignar solares urbanos, lo que representa un nuevo intento de urbanización.
Aunque la asamblea convocada para las diez de la mañana del 28 de julio no cuenta con el aval de la Procuraduría Agraria, y por tanto no participará como se requiere para cubrir las formalidades especiales, el riesgo de que la reunión se realice es alto dados los antecedentes de simulación de ese tipo de actos.
La convocatoria a la asamblea se hizo pública a pesar de que la Procuraduría Agraria determinó desde hace varias semanas que “los promoventes no se encuentran facultados para convocar a asamblea de formalidades especiales en materia de asignación de solares urbanos”.
La denuncia que hace el comunero Juan García Leyva ante la representación estatal de la Procuraduría Agraria deja el antecedente de lo que podría ocurrir el próximo martes, dado que en el séptimo punto del orden del día contemplan la asignación de solares urbanos delimitados desde el 22 de julio de 2012.
Se trata de un intento por materializar la asignación de lotes en zonas de gran plusvalía fuera del Área Natural Protegida, pero también continuar después con macro lotes y lotes dentro de la ANP para desarrollar proyectos inmobiliarios.
Entre las irregularidades por las que la asamblea no puede realizarse con las características con las que se convocó se encuentra, además, la falta de certeza jurídica sobre el carácter de presidente del Comisariado de Bienes Comunales que ostenta Aniceto Jasso Bravo por encontrarse su elección bajo litigio.
Jasso Bravo no ha logrado el registro como autoridad comunal ante el Registro Agrario Nacional (RAN) que solicitó el 28 de agosto de 2025 porque el 30 de octubre de ese mismo año el RAN emitió una calificación registral negativa por detectar irregularidades en las actas de la asamblea como, por ejemplo, cambiar los nombres de las personas electas.
Aunque Jasso Bravo interpuso un recurso de revisión el 5 de diciembre de 2025 en contra de la calificación registral negativa, desde el pasado mes de mayo se supo que la resolución confirmó la negativa, pero no se ha podido realizar la notificación al Comisariado.
A pesar de no contar con el registro como autoridad en la Comunidad, Jasso Bravo ha encabezado acciones para el reparto de tierras, incluso con trabajos técnicos especializados previos a su entrega, como quedó constancia en el acta de la sesión del pasado 30 de noviembre, en donde se mencionan 590 hectáreas en el punto ocho.
La entrega de lotes bajo la denominación de “solares urbanos” es un primer indicio sobre la pretensión de iniciar la urbanización de tierras primero fuera de la ANP en la zona de influencia, pero también después dentro, específicamente en 527 hectáreas que los programas de Desarrollo Urbano aprobados en el trienio de Xavier Nvava Palacios como alcalde, se mantuvieron clasificadas como urbanizables.
Desde una asamblea realizada el 10 de noviembre de 2024 entre representantes de los empresarios inmobiliarios con los comuneros se planteó usar esa clasificación de urbanizables para las 527 hectáreas dentro de la ANP como Plan B para provocar litigios en contra de la declaratoria de Área Natural Protegida.
La venta de terrenos por fuera de los límites de la ANP y en la zona clasificada como urbanizable dentro se calcula en más de 10 mil lotes que hoy les representan un conflicto, por lo que para el Comisariado como para los empresarios que promueven la urbanización resulta urgente la asamblea de formalidades especiales para asignar los “solares urbanos”.
El paso inicial ya está dado con la primera convocatoria incluso sin el aval de la Procuraduría Agraria. El martes se verá hasta dónde están dispuestos a avanzar en una nueva ruta de sus intentos por lograr la depredación inmobiliaria de la Sierra de San Miguelito.
