Por: Victoriano Martínez.
Aunque el pre dictamen para la nueva Ley de Transparencia contiene avances obligados por lo dispuesto en la Ley General de la materia, en el caso de San Luis Potosí presenta por lo menos 13 casos en los que se podría dar marcha atrás en la difusión de oficio de información pública hoy obligatoria en la legislación vigente.
Se trata de 13 casos, al menos en ese apartado, en los cuales se atenta contra el principio de progresividad que establece el artículo primero de la Constitución General de la República, pues se da marcha atrás en derecho con los que ya se cuentan en el Estado.
El caso más sobresaliente es la desaparición de la obligación de publicar los listados de cheques emitidos por los entes obligados, sobre lo que en el pre dictamen no se hace una sola mención. Sobre esta obligación, la fracción XI del artículo 19 de la ley vigente señala textualmente que debe difundirse de oficio:
“La información de los movimientos de ingresos y egresos, que deberán contener, en el caso de egresos, el monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria y funcionario que lo autoriza. En el caso de ingresos, el número de entero, monto, concepto, contribuyente y fecha. Además, la relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente”.
Otras disposiciones hoy vigentes que desaparecen en el pre dictamen son, del artículo 19 las fracciones:
XXIV. Las acciones, controversias y juicios entre poderes públicos del Estado de San Luis Potosí, entre sí, y con la Federación;
XXVI. Los trabajos, informes, estudios, análisis y reportes generados por despachos de consultoría privada, contratados por las entidades públicas, y
Y del artículo 21 la fracción IX que dice que el Congreso del estado debe difundir de oficio las “resoluciones diversas tomadas por las comisiones de gobierno interior y legislativas, por el Pleno o la Diputación Permanente”.
En el caso de la información sobre estados financieros, la obligación desaparece con esa especificidad, y en su lugar se mencionan los dictámenes sobre los estados financieros. Actualmente esa obligación señala específicamente que se debe publicar:
“La información sobre la situación económica, estados financieros y endeudamiento de las entidades públicas, incluyendo una lista de los bienes inmuebles y de los vehículos adscritos a las mismas”.
Además de esas cinco obligaciones de difusión sobre las que no hay referencias en el pre dictamen, en otras nueve las obligaciones se mencionan de manera dispersa, de tal forma que dan pie a que los entes públicos las ignoren a partir de que se apruebe la nueva ley.
Tal es el caso de la agenda de los titulares y órganos colegiados de los entes públicos, pues la única mención que se hace de esta obligación se refiere a la Agenda Legislativa.
Aunque establece la publicación de los resultados de evaluaciones, se omite ordenar la publicación del programa anual de las mismas, en tanto que con relación a las actas de las sesiones de los órganos colegiados, la obligación se dispersa de tal forma que no incluye a todos los sujetos obligados, con lo que abre la posibilidad de evasión de esa obligación hoy existente.
La Comisión de Transparencia del Congreso del Estado aprobó el pre dictamen el 1 de marzo y anunció su publicación para iniciar una consulta a la población sobre el contenido de la Ley. No obstante, fue hasta el 14 de marzo que puso a disposición el documento y un correo para recibir observaciones, prácticamente sólo durante el periodo vacacional.
Los legisladores establecieron una fecha límite para recibir las observaciones, que vence este viernes 1 de abril. Es decir, recortaron la consulta a apenas 18 días, de los cuales la mayoría corresponden al periodo vacacional de Semana Santa.
El Congreso del Estado tiene como fecha límite para que la nueva Ley de Transparencia se promulgada el 4 de mayo.
