Por Victoriano Martínez

Los usuarios del transporte urbano no sólo tienen que enfrentar las dificultades para seleccionar y tomar las rutas que los lleven de un punto a otro de la ciudad, sino también la tramitología y abusos que se dan para obtener las tarjetas de prepago que hoy, con el pretexto de la escasez de monedas de 20 centavos y para lograr un presunto ahorro, la propia autoridad promueve.

De esta manera, la campaña de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como las declaraciones de personajes como la diputada Alejandra Valdez Martínez, promueven el negocio de dos empresas privadas, Urban Pass y Cytibus, en condiciones poco favorables para los usuarios del transporte urbano.

De entrada, para poder movilizarse por toda la ciudad, los usuarios están obligados a comprar las tarjetas que expiden ambas compañías: la de Urban Pass a 37 pesos para 24 rutas que, con los despliegue en algunas de ellas se convierten en 40, y la de Cytibus a 32 pesos para 25 rutas que, con las variantes, también resultan 40 trayectos diferentes.

La compra de las tarjetas resultaría una inversión menor ante el ahorro que podrían representar, pero las dificultades se amplían al momento en que los usuarios se ven obligados a validar frecuentemente el plástico, ya que, cuando acuden para tal trámite, les imponen requisitos que los obligan a la compra de una nueva tarjeta.

Adicionalmente, por el pago de la tarjeta los expendios se niegan a emitir un recibo o comprobante con el argumento que la propia tarjeta es el documento que demuestra que la compraron.

A un estudiante de la Facultad de Derecho de la UASLP, al acudir a revalidar su tarjeta a Urban Pass, lo obligaron a comprar una nueva tarjeta con el argumento de que la anterior tenía más de un año, y aunque argumentó que sigue en la misma escuela, lo obligaron a presentar nuevamente todos los requisitos para venderle otra tarjeta.

A una madre de familia que acudió a revalidar la tarjeta de su hijo menor de 13 años de edad le exigieron constancia de la escuela en la que estudia el niño porque en su credencial aparece un nombre distinto del plantel que está registrado en la tarjeta.

“¡Qué les importa en qué escuela está mi hijo, si es menor de 13 años y debe tener ese beneficio, vaya a una escuela o a otra! Y además me piden hasta la CURP, mi credencial de elector y no me garantizan de ningún modo que harán buen uso de nuestros datos personales”, dijo.

Mencionó que únicamente les entregan un papel que supuestamente es el contrato por el servicio, pero en el que sólo le ponen reglas al usuario y la empresa no se compromete a nada.

Urban Pass no exhibe en sus instalaciones de atención al público el aviso de privacidad al que la obligan los artículos 15, 17 y 23 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, por lo que se hace acreedora a la sanción que prevé la fracción V del artículo 63 de esa misma Ley.

Cuando uno de sus usuarios pide a la persona de la ventanilla conocer el aviso de privacidad le aseguran que no tienen por qué tenerlo o que se dirija a las oficinas de la empresa.

Al tratar de localizar el aviso de privacidad en la página de Internet de Urban Pass, no fue posible encontrarlo; en tanto que en la página de Cytibus sí aparece.

En ambas páginas se exponen los requisitos para obtener las tarjetas de prepago especiales para estudiantes y personas de la tercera edad, que coinciden con los que la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) difunde en su sitio Web.

“Está bien que tenga uno que demostrar que es estudiante, pero te piden tantos papeles que también tienes que gastar en constancias de estudios y, casi hasta tienes que darles el tipo sanguíneo, como si tuvieran que ver con el servicio que estás comprando. Sólo es para usar el camión”, expresó una universitaria.

El artículo 11 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares establece que las bases de datos deben limitarse a “datos sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados”.

Ser usuario del transporte urbano en la ciudad no sólo enfrenta a la población a un mal servicio, sino que también la convierte en cliente cautivo de dos empresas, sin que su intervención represente mejores condiciones para el servicio.