Leticia Vaca
Dotar de autonomía a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción (Fiscalía Anticorrupción) permitiría avanzar y “establecer un verdadero parámetro de combate a la corrupción”, consideró el abogado Jorge Chessal Palau.
Las iniciativas con las que se pretende modificar la Constitución Política de San Luis Potosí para dotar de autonomía presupuestal, técnica y de gestión a la Fiscalía Anticorrupción, y que fueron presentadas por María Isabel González Tovar y Rolando Hervert Lara, serán votadas por el Pleno del Congreso del Estado el próximo jueves 20 de agosto, en sesión extraordinaria.
En ese contexto, Chessal Palau precisó que lo complicado no es la aprobación a las reformas que se plantean: “la parte complicada es la parte presupuestal, porque si crean la Fiscalía Anticorrupción Autónoma tienen que resolver el problema de los recursos con los cuales iniciaría y estamos a mitad del año, entonces habría que hacer un reacomodo presupuestal para poderlo implementar ahorita o que se mantenga un periodo de transición e iniciar con la autonomía en enero cuando haya un presupuesto ya aprobado”, abundó.
Los diputados le están dando muchas vueltas al asunto
El abogado aclaró que, aunque se elija al nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción antes de que se dé la autonomía a este ente, eso no implica que las reformas se deban aplicar hasta que el nuevo fiscal termine su encargo. “No habría ningún problema por la duración de los nombramientos que ya se hubieran dado antes de la reforma constitucional (…) se podría nombrar al fiscal anticorrupción y luego reformar la Constitución. No importa que esté vigente un nombramiento, una modificación constitucional puede variar esas circunstancias. Incluso se podría nombrar al fiscal anticorrupción, luego reformar la Constitución y en los transitorios decir que se quedaba el que está, los diputados se me hace que le están dando muchas vueltas al asunto”.
No representa un problema que los ayuntamientos
tengan que avalar las reformas a la Constitución
Asimismo, indicó que tampoco representa un problema que los 58 ayuntamientos de la entidad potosina tengan que avalar dichas reformas, porque se han dado casos en los que en tres días estos tienen aprobadas reformas constitucionales, “es decir, cuando alguien tiene la intención de que las cosas funciones, es muy sencillo, los ayuntamientos se den prisa para la aprobación; una segunda cuestión, esperarse siete años ¿en qué sentido?, porque eligieron o van elegir a un fiscal anticorrupción en tales o cuáles condiciones, eso se puede resolver”.
Fiscalía Anticorrupción y de Delitos Electorales deberían trabajar en conjunto
Jorge Chessal agregó que a nivel nacional y en San Luis Potosí en el combate a la corrupción le haría falta que las Fiscalías Anticorrupción y de Delitos Electorales trabajen de la mano porque “se han manejado por separado (…) cuando en otras partes del mundo normalmente lo que se ha visto es que los actos de corrupción tarde que temprano tienen una vinculación con los electorales y en México escogimos un modelo que dividió el tema, es decir, hay una Fiscalía de Delitos Electorales y hay una Fiscalía en materia de corrupción, cuando en teoría están ligados”.
Fiscalías de Delitos Electorales y Anticorrupción, entes subordinados
El abogado puntualizó que si bien es cierto que ambas fiscalías tienen autonomía para realizar una serie de funciones y su designación no depende del fiscal general, Federico Garza Herrera, “Lo cierto es que hay elementos en los cuales la Fiscalía General sí tiene un control sobre la Fiscalía Anticorrupción y de Delitos Electorales, como es el aspecto administrativo, el aspecto patrimonial y presupuestal. Entonces a mí el hecho de que se dé una plena autonomía anticorrupción me parece que es justamente algo que permitiría avanzar en las otras dos cuestiones”.
Por último, resaltó que un paso importante es la autonomía y como un ente autónomo completamente podrá investigar esas vinculaciones con los delitos electorales, para, en todo caso, turnarlo a la parte que le toca la Fiscalía de Delitos Electorales y finalmente poder establecer un verdadero parámetro de combate a la corrupción”.
