Desiree Madrid
La gestión de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales (PTARs) se ha convertido en uno de los mayores desafíos ambientales y financieros para los municipios de San Luis Potosí. El director estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Darío Fernando González Castillo, reconoció que el problema central no es técnico, sino presupuestal.
Mantener y modernizar estas plantas requiere inversiones que superan con creces la capacidad de las tesorerías municipales. La situación es urgente: la actual Norma Oficial Mexicana NOM-001 solo estará vigente hasta 2027, cuando entrará en vigor una regulación más estricta que elevará los estándares de tratamiento de aguas residuales y obligará a una inversión significativa en infraestructura.
Más allá del cumplimiento administrativo, el tema tiene implicaciones directas en la salud pública. González Castillo subrayó que la responsabilidad de Conagua no se limita a verificar si una planta opera, sino a evaluar la calidad del agua que se devuelve a los ríos y arroyos.
“La nueva norma será más dura y aplicará tanto a las plantas municipales como a las privadas”, advirtió.
Por ello, la dependencia federal ha pedido a los gobiernos locales planificar desde ahora las adecuaciones necesarias, para evitar sanciones y riesgos sanitarios una vez que la norma entre en vigor.
Entre las plantas más críticas figura la PTAR Birmania, en Ciudad Valles, que opera apenas al 60 por ciento de su capacidad. Según el diagnóstico de Conagua, esta instalación está “al límite” del cumplimiento de la norma actual.
Ante ello, el organismo estableció coordinación con el alcalde Daniel Medina y con un diputado federal del distrito, con el fin de gestionar recursos para su rehabilitación. La meta: que la planta vuelva a operar en condiciones óptimas antes de que los nuevos estándares entren en vigor.
Otros municipios muestran un panorama distinto. En Rioverde, la planta de tratamiento funciona dentro de los parámetros actuales, pero el ayuntamiento ya inició modificaciones en su sistema para reducir coliformes fecales, un indicador clave de contaminación biológica. Estas adecuaciones buscan adelantarse a la norma que aplicará en 2027.
Este tipo de acciones preventivas son las que Conagua pretende impulsar en el resto de los municipios para evitar que las autoridades locales se vean forzadas a actuar bajo presión o en condiciones de incumplimiento.
El contraste con el sector privado es notorio. Empresas como BMW, Continental, entre otras, no solo cumplen con la regulación vigente, sino que algunas ya operan bajo los parámetros de la futura normativa.
Su desempeño demuestra que la tecnología y los procesos necesarios están disponibles, aunque su implementación en el ámbito municipal aún es limitada por razones presupuestales. Para Conagua, el reto es que las reglas sean parejas y que el cumplimiento ambiental no dependa del tamaño o del presupuesto de quien descarga el agua
A través del programa PROAGUA, Conagua busca canalizar recursos y apoyo técnico a los municipios que muestran voluntad de inversión.
González Castillo destacó los avances en Zaragoza y Armadillo de los Infante han impulsado proyectos para mejorar la eficiencia del tratamiento. Según el funcionario, estos ejemplos confirman que con gestión y planeación es posible avanzar, incluso con presupuestos limitados.
La situación de las PTARs plantea un doble desafío: financiero para los municipios y ambiental para el estado. Con la cuenta regresiva hacia 2027, los gobiernos locales enfrentan la disyuntiva de invertir o incumplir.
La calidad del agua que devuelven a los ríos no es solo un tema técnico: es un reflejo de su compromiso con la salud pública y la sostenibilidad. La advertencia está hecha: todas las plantas, sin excepción, deberán cumplir con la norma; la diferencia será entre quienes se preparen con tiempo y quienes enfrenten las sanciones cuando la nueva regulación entre en vigor.
