Fernanda Durán
El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticó la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEE) que anuló los acuerdos de la sesión del Consejo Político del 3 de diciembre de 2024, y acusó al alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, de estar detrás de la situación jurídica que enfrenta la dirigencia del partido, similar a lo ocurrido con Acción Nacional (PAN).
En rueda de prensa encabezada por el secretario técnico del Consejo Político Estatal, Alberto Rojo Zavaleta, el tricolor sostuvo que aún no ha sido notificado formalmente de la sentencia dictada por el TEE, por lo que los efectos jurídicos del fallo no se encuentran vigentes.
Rojo Zavaleta también criticó la falta de claridad en el contenido de la resolución, según lo visto en la sesión del Tribunal, y que durante esta “los mismos magistrados del Tribunal Electoral están confundidos, no tenían claro ni cuáles eran los alcances de la resolución que estaban emitiendo”, ya que luego de votar el expediente la magistrada presidenta, Denisse Porras Guerrero, aclaró los alcances de la sentencia sobre dejar sin efecto los acuerdos establecidos en diciembre pasado.
Sobre las posibles consecuencias del fallo, planteó diversas hipótesis, como regresar al estado de cosas previo al 3 de diciembre, lo que implicaría que Sara Rocha Medina como presidenta y la diputada Frinné Azuara Yarzábal como secretaria general continúen al frente del partido, en vez de Francisco Limas como secretario general designado desde ese acuerdo de diciembre; o bien, anular todos los acuerdos posteriores, lo cual calificó como un “despropósito jurídico”.
“El principio que impera en materia electoral es que se debe privilegiar la conservación de los actos públicos válidamente celebrados. No puede anularse la decisión que tomaron 124 consejeros solo por darles la razón a estos 11”, expresó al referirse a los militantes que promovieron el juicio.
Además, defendió la legalidad de la separación de los consejeros excluidos bajo el argumento de que “dejaron de asistir sin causa justificada a tres sesiones del Consejo Político Estatal, por lo que fueron dados de baja de manera definitiva”.
No obstante, en el ámbito político, el PRI acusó a Galindo Ceballos de estar detrás de las impugnaciones, aunque Rojo Zavaleta en múltiples ocasiones evitó dar su nombre, sí aludió al cargo que ostenta actualmente.
“Tenemos muy claro que desde el principio el despacho que ha manejado estos asuntos es un despacho que está pagado por el Ayuntamiento, que es el despacho que pagó también la impugnación que en su momento formuló la compañera Margarita Hernández, que es el mismo despacho que le lleva el asunto a Enrique Galindo. Es decir, es un despacho pagado por el Ayuntamiento y todos los inconformes son empleados del Ayuntamiento. Eso solo tiene una sola interpretación, no admite muchas (…) Es el presidente municipal”.
Según el partido, los tres militantes favorecidos por la sentencia son funcionarios del gobierno municipal e integrantes del grupo político de Galindo, a quien responsabilizan también del conflicto interno en Acción Nacional.
“Ambas situaciones tienen un mismo origen: la intromisión de un funcionario público municipal de la capital”, insistió.
La acusación se da en un contexto de creciente tensión entre los partidos de “oposición” en San Luis Potosí, rumbo a la reorganización local de cara al proceso electoral intermedio de 2027.
Aunque el partido aún espera la notificación oficial, anticipó que impugnará la resolución ante la Sala Regional Monterrey, por considerar que atenta contra el principio de conservación de actos válidamente celebrados.
En caso de que el fallo quede firme, el PRI prevé solicitar la intervención de órganos nacionales del partido para acompañar la reposición del proceso y dar certeza a la militancia.
