Fernanda Durán
El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí continúa enfrentando compromisos económicos relacionados con juicios laborales y la rehabilitación de sus sedes municipales, reconocieron los representantes del partido.
El secretario técnico del PRI, Alberto Rojo Zavaleta, detalló que actualmente sólo queda un laudo pendiente por resolverse, aunque todavía no está firme, y hay dos convenios laborales en proceso de liquidación.
Explicó que el monto total de esos convenios fue de 160 mil pesos, de los cuales restan por cubrir 80 mil pesos.
“Esta semana tienen que pagarse 30 mil y a mediados del próximo mes de agosto, los otros 50 mil”, informó.
Además de estos compromisos, el PRI mantiene siete juicios laborales en trámite, aunque Rojo Zavaleta negó que esta situación afecte de forma crítica las finanzas del partido.
“Cuando se toma la decisión de separar a un trabajador, necesariamente tienes que pagarle lo que establece la ley. No puedes alegar ante la autoridad laboral que no trabajaban, que eran flojos (…). Hay una relación laboral y la ley establece que cuando decide el patrón terminar la relación tiene que cubrir un finiquito y cuáles son las prestaciones que deben de cubrirse”, indicó.
En contraste, la presidenta estatal del PRI, Sara Rocha Medina, reconoció que casi todo el presupuesto del partido se destina al pago de laudos laborales, además de la rehabilitación de comités municipales.
“Todos los partidos estamos batallando y estamos estirando la cobija lo más que se pueda”, afirmó.
Aunque Rocha señaló que la mayoría de las multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) ya fueron pagadas, aún queda una pendiente, heredada por el anterior Comité Directivo, cuyo monto aún no ha sido notificado.
En cuanto a la reapertura de sedes municipales, Rojo Zavaleta informó que el partido trabaja en la rehabilitación de inmuebles en al menos 12 municipios, entre ellos Rioverde, Ébano, Villa de Reyes, Matehuala, Ciudad Valles y Villa de la Paz, los cuales no requieren arrendamientos, sino que son inmuebles propiedad del partido que fueron abandonados o dejados en mal estado, y que ahora son recuperados jurídicamente.
Uno de los casos más representativos es el de Ciudad Valles, donde el inmueble fue donado al PRI, pero no fue registrado como tal en su momento, lo que derivó en una multa del INE por omisión del partido.
“Ya se cubrió la multa, bueno, ahora hay que rehabilitar el inmueble”, explicó Rojo Zavaleta.
Ambos aseguraron que el esfuerzo por reactivar los comités incluye la contratación de servicios básicos como luz y agua, así como trabajos de reparación para hacer funcionales los espacios.
