Por Victoriano Martínez

En San Luis Potosí, la atención a las víctimas de algún delito tiene ya una larga historia de más de 19 años. No obstante, hasta el pasado 26 de noviembre se firmó y concretó por primera vez un acuerdo de reparación integral a victimas indirectas de un delito que se cometió por omisión de las autoridades.

El 11 de abril del año 2000 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Atención a la Víctima del Delito. Su aplicación generó muy poca información y, luego de que el 18 de junio de 2008 se aprobó una reforma a la Constitución federal que reconoció la reparación del daño a la víctima y los derechos de la víctima u ofendido dentro de los procesos penales, esa ley ha tenido tres versiones.

El 6 de octubre de 2012 se publicó la Ley de Derechos y Atención de la Víctima del Delito; para el 7 de octubre de 2014 cambió su denominación a Ley de Víctimas, y la hoy vigente, publicada el 28 de julio de 2017, se llama Ley de Atención a Víctimas.

Cuatro leyes y 19 años tuvieron que pasar para que por primera vez en el Estado las autoridades hagan efectiva una reparación del daño a victimas indirectas de un delito. Se trata del Caso Jair, de Laguna de San Vicente, en el que se ha reparado el daño a sus padres como víctimas indirectas, pero sigue pendiente la reparación para la víctima directa: Jair, quien fue asesinado en mayo de 2015.

Se trata de un caso que sienta precedentes que pueden ayudar para que se destraben muchos de los casos que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) ha optado por someter a largos litigios tanto en las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, como en juzgados federales.

Tan sólo el Caso Jair requirió de una recomendación de la CEDH, 13 juicios de amparo, la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abogados que realizaran más de un centenar de viajes al juzgado de Santa María del Río y la participación en 29 audiencias, para que 55 meses después se llegue a la reparación del daño a los padres de la víctima.

¿Cuántas víctimas están en posibilidades de asumir una tarea que la CEEAV y la CEDH convierten en un maratón de desgaste para quienes de por sí ya tienen la carga de haber padecido un delito?

El Caso Jair deja tres precedentes: primer acuerdo de reparación integral hecho efectivo, primera ocasión en la que se prevé un acto protocolario para una disculpa pública y primera ocasión en la que la autoridad reconoce su responsabilidad por omitir el cumplimiento de sus responsabilidades.

Desde la reforma constitucional federal de 2011 en materia de derechos humanos se reconoció que la autoridad puede violar derechos humanos por acción o por omisión.

En el Caso Jair, actos delictivos previos a los festejos patronales de Laguna de San Vicente incluido un asesinato, alertaron a la población, que solicitó por escrito a las autoridades municipales de Villa de Reyes que se dispusiera de vigilancia para el evento. La petición no se atendió y no hubo presencia policíaca que pudo haber impedido los hechos violentos que se presentaron.

Por esa omisión el Estado hoy resulta responsable de la reparación del daño y deberá ofrecer una disculpa pública. Los 55 meses que separan el acuerdo de reparación integral de los hechos son la más clara muestra de que es la lucha de las víctimas por lograr justicia la que logra resultados que por voluntad propia quienes encabezan las instituciones se niegan a otorgar.

Sólo falta que desde el Palacio de Gobierno ahora quieran presumir que se firmó el primer acuerdo de reparación integral a víctimas.

El logro abre la esperanza para las víctimas que se mantienen en la lucha por sus derechos, pero también la posibilidad para aquellas que –ante lo desgastante de los procesos– desistieron de sus demandas.

También deberá ser tomado como un fuerte llamado de atención para las autoridades responsables sobre la necesidad de que sus incumplimientos y faltas sean reparados sin que deba mediar una re victimización como la que debieron enfrentar los familiares de Jair y la que enfrentan muchas otras víctimas ante la insensibilidad de la CEEAV.

Los garantes de los derechos de las víctimas, la CEDH y la CEEAV, tienen mucho que aprender del proceso por el Caso Jair, pero la efectividad de la lección a golpe de amparos tendrá que verse en un cambio en la atención que a partir de ahora den a los cientos de víctimas con quienes tienen una deuda que va mucho más allá de la reparación del daño.