Estela Ambriz Delgado
La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, indicó que lo más probable es que no se autorice la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de CEMAT Construction en el ejido Corcovada, además de que el país debe pasar de un modelo de desarrollo extractivista a uno mucho más sustentable.
En entrevista con Julio Hernández López respecto al tema del proyecto de la empresa ligada al Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego —que pudo ser frenado por la Procuraduría Agraria y clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)—, la secretaria afirmó que es un proyecto al que no se le ha dado la autorización y lo más probable es que no se les dé la autorización.
Aunque especificó que la solicitud de MIA se encuentra en proceso de evaluación en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), y por tanto no puede dar una respuesta definitiva, lo que si es un hecho es que la Profepa clausuró diversas obras como apertura de caminos, que se hicieron de manera ilegal al no contar con ningún permiso de la Semarnat.
“En este momento toda la operación o lo que querían ellos iniciar está totalmente clausurado (…). La presidenta estaba muy al tanto, nos comunicamos inmediatamente y creo eso funcionó muy bien”.
Ante el cuestionamiento del periodista sobre cómo podría la Semarnat atender la gran cantidad de grupos opositores a proyectos extractivistas, y garantizar la seguridad de defensores del territorio y el medio ambiente, Bárcena Ibarra puntualizó que es necesario modificar a profundidad el modelo de desarrollo extractivista e inequitativo, y avanza hacia un modelo mucho más sustentable.
Para ilustrar la situación del país en ese sentido, destacó que hay un rezago ambiental enorme en el que la Semarnat ha identificado alrededor de 350 pasivos ambientales, de los cuales en este sexenio quieren atender 50 áreas altamente deterioradas.
Entre estos, refirió que tienen dos grandes proyectos de justicia ambiental, que son la presa Endó, en Hidalgo, y el río Sonora. En este último, la problemática que se generó en 2014 a causa de un derrame de Grupo México y que ha afectado a 40 mil comunidades por lo menos, de los que 24 mil personas requieren ser evaluados toxicológicamente y tratados, dada su exposición a metales pesados.
Explicó que se debe llevar a cabo un proceso de remediación profunda, consistente en extraer los sedimentos y hacer un depósito o contenerlo donde no pueda generar contaminación, de lo que idealmente debería ser la misma empresa la que se haga cargo de los costos de la operación.
Aseguró que Grupo México no podrá seguir en operación si no remedia adecuadamente y se les tienen retenidos todos los permisos que han solicitado a esta administración.
Finalmente, señaló que el segundo caso en el que trabajan es en restaurar la presa Endó, lo cual forma parte del gran proyecto de saneamiento del río Tula, anunciado como parte del Plan Hídrico Nacional.
