Programas gubernamentales dejan en el olvido a personas indígenas con discapacidad

Estela Ambriz Delgado

Las personas con discapacidad también forman parte de comunidades rurales, indígenas, y afrodescendientes, lo que potencia su discriminación ante la ausencia de un estado que por un lado dice protegerlos, pero por el otro aún permite prácticas de dominación y exclusión social, como lo devela una investigación en tres comunidades náhuatl al sur de la Huasteca Potosina realizada por la doctora en Ciencias Sociales, Andrea Moctezuma Balderas.

En su ponencia “Discapacidad y pueblos indígenas, una aproximación antropológica”, Moctezuma Balderas explicó que el proyecto realizado en comunidades náhuatl de los municipios de Tamazunchale, Matlapa y Tampacán, partió de que la discapacidad se encuentra inscrita en una entramada red de relaciones sociales, culturales, económicas y políticas, por tanto, es una construcción social compleja.

Asimismo, apuntó que la discapacidad no es algo que se viva de manera homogénea, ya que las personas la experimentan de manera distinta a partir de su edad, género, clase social, o adscripción étnica.

Al ser personas que forman parte de comunidades rurales, indígenas, o afrodescendientes, y por consiguiente son hablantes de una lengua indígena, tienen sus propios esquemas cosmogónicos, culturales y sociales, y al igual que el resto de los integrantes de sus comunidades, padecen desigualdades económicas, sociales y políticas.

No obstante, la población indígena con discapacidad se ve mayormente afectada por estas desigualdades al no contar con los recursos necesarios para acceder a movilidad, educación, y salud, lo que dificulta su posibilidad de acceder y tener una vida independiente.

“Es importante señalar que es la estructura social, neocolonial y neoliberal, en coordinación con el modelo económico imperante, el capitalismo, lo que ha generado y potenciado estas desigualdades sociales a las que se enfrentan día con día las poblaciones indígenas con discapacidad”, puntualizó.

La investigadora informó que en el país existen un millón 498 mil 141 personas indígenas que viven en situación de discapacidad, de acuerdo al censo de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo, aún se tiene una deuda histórica respecto a la implementación de programas interculturales en materia de discapacidad, ya que no existen modelos educativos ni de salud que contemplen las particularidades y necesidades de esta población.

La ausencia del Estado en la atención del sector

En el trabajo de campo realizado por Moctezuma Balderas en comunidades náhuatl, encontró una gran carencia respecto a los servicios de salud y educación, pues la presencia de infraestructura inclusiva es casi nula debido a la ubicación geográfica de las comunidades.

Además de que los modelos de atención de discapacidad que han querido implementar las autoridades no consideran las características culturales y territoriales de los pueblos indígenas, lo que ha generado constantes tensiones entre los conocimientos y las prácticas de cuidado que realizan las mujeres, así como señalamientos de negligencia sobre las familias de personas con discapacidad.

Sin embargo, la investigadora destacó que las formas comunitarias de llevar el cuidado y sostener la vida de estas personas es lo que ha logrado mantenerlos y reparar en la medida de lo posible la vida de estas personas frente a la ausencia del Estado.

De igual forma, detalló que trabajó en tres centros de atención múltiple en los que atienden a infantes indígenas con distintas discapacidades, en donde encontró casos que en primera instancia estaban mal diagnosticados, pues las pruebas psicológicas y médicas que se les hicieron fueron realizadas en español y los niños hablaban náhuatl.

“Había niños con diagnósticos de discapacidad intelectual severa, e inclusive con problemas neurológicos, cuando en realidad el niño o niña hablaba perfectamente, pero náhuatl, no español”.

Además de que en dichos centros de atención múltiple es nula la infraestructura con la que cuentan, no hay electricidad, y en su mayoría las construcciones las realizaron y sostienen las propias madres de familia y maestras.

“Cuando yo preguntaba a las maestras el porqué del abandono, me decían: ‘porque un niño indígena con discapacidad no le va a importar al Gobierno, porque no se va a insertar en las actividades productivas’. Entonces invertir en la educación de estas infancias es considerado una pérdida de dinero”.

En este sentido, Moctezuma Balderas señaló que las desigualdades que vive este sector son producidas por el sistema colonialista, capacitista y capitalista, que aún genera brechas de desigualdad que han dejado a las infancias indígenas con discapacidad sin derechos elementales a la educación y a la salud, por lo que inclusive algunos han muerto sin recibir una atención médica digna.

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