Fernanda Durán
El ciudadano Roger Errejón Alaniz presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para modificar la Ley de Tránsito y crear una licencia de conducir específica para repartidores que laboran mediante plataformas digitales como Uber Eats, Rappi o Didi Food, y otras aplicaciones privadas.
La propuesta plantea añadir una fracción IV al artículo 32 y un nuevo artículo 34 Bis, con el fin de incorporar la categoría de “conductor repartidor de plataforma digital” dentro del marco legal vigente. Estaría dirigida a personas que utilizan vehículos automotores para repartir alimentos, paquetes u otros bienes mediante aplicaciones privadas.
“Artículo 34 Bis. La licencia de conductor repartidor de plataforma digital, autoriza al titular de la misma a conducir vehículos automotores destinados a movilizar alimentos, paquetería o bienes mediante aplicaciones privadas digitales”.
De acuerdo con la exposición de motivos, el crecimiento acelerado del reparto a domicilio ha generado nuevos retos para la movilidad urbana y la seguridad vial, sin que exista una normativa que atienda las condiciones particulares de este grupo.
La propuesta argumenta que los repartidores enfrentan riesgos adicionales derivados del tiempo de entrega, la exposición al tráfico y el uso constante de dispositivos móviles, lo que incrementa la probabilidad de accidentes.
Actualmente, la legislación potosina contempla tres tipos de licencia: de automovilista, de chofer de servicio particular y de motociclista. La iniciativa busca añadir una cuarta categoría, similar al modelo que desde 2019 se implementó en la Ciudad de México, donde se exige una licencia especial para motociclistas repartidores que hayan aprobado cursos de capacitación certificados.
Entre los beneficios que se plantean están la profesionalización del oficio, la mejora en la seguridad vial, el acceso a seguros especializados y una mejor supervisión gubernamental. También se menciona que la existencia de licencias diferenciadas facilitaría la recopilación de datos y el diseño de políticas públicas enfocadas en este sector.
Uno de los posibles cuestionamientos a esta medida es la carga administrativa que podría representar para los trabajadores del reparto. No obstante, el promovente señala que, dado que en San Luis Potosí las licencias son gratuitas, no existiría un impacto económico directo para los solicitantes.
La iniciativa fue recibida en sesión permanente del Congreso y turnada a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes para su análisis en próximas semanas.
