Estela Ambriz Delgado
El catedrático y activista Miguel Ángel Guzmán Michel informó que dentro de las asambleas y diálogos que se planean realizar para la conformación de una Convención Nacional Popular, uno de los temas a analizar será el reconocimiento de las comunidades indígenas y la petición de una jurisdicción especial para sus territorios.
Como parte de las acciones que llevarán a cabo comunidades indígenas y movimientos sociales, en los que participa el catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), encaminadas a frenar la criminalización de la lucha social y la conformación de un frente ciudadano, Guzmán Michel indicó que próximamente buscará una reunión con líderes de diversas etnias de la Zona Huasteca.
Al respecto, explicó que a pesar de que México es firmante del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y este entró en vigor desde septiembre de 1991, no ha sido aplicado ni se acepta el pluralismo jurídico; tampoco se acepta que las etnias tienen sus propios mandatos, leyes, usos y costumbres.
Asimismo, reiteró que las personas indígenas tienen derecho a su propia jurisdicción, derechos específicos y especiales, mientras que el Estado mexicano y potosino se niegan a reconocer las potestades de las comunidades, que son las dueñas reales del país.
Señaló este tema se pondrá a debate dentro de las asambleas y diálogos para la conformación de un frente ciudadano, por lo que más adelante se reunirá con líderes de etnias en la Huasteca Potosina, pues la intención es pedir la jurisdicción especial para los territorios indígenas del estado y que se pueda replicar en toda la República.
Por otra parte, confirmó que la comunidad xi’ui de La Palma, que se ubica en los municipios de Rayón y Tamasopo, ha sido objeto de hostigamiento y amenazas inclusive de muerte; a pesar de sus denuncias al respecto, las autoridades no han hecho nada.
Hizo mención de que, anteriormente, La Palma llegó a ser un municipio, pero dada la política tanto en el estado como en toda la República, que impide el auto gobierno indígena, se les dividió en dos municipios para coartar su mayoría.
Indicó que el hostigamiento ha sido por empresas mineras y cementeras que buscan explotar la zona, así como de autoridades que se especula han recibido sobornos a través de un abogado, quien inclusive días antes de la detención del activista —por la fabricación de los delitos de terrorismo, sabotaje y delincuencia organizada—, anunció a la comunidad que eso sucedería.
