Eduardo Delgado

Con la bandera del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la senadora María Leonor Noyola Cervantes propuso este miércoles la aprobación de un punto de acuerdo para que el Senado de la República exhorte a las autoridades municipales, encabezadas por Francisco Xavier Nava Palacios, a ofrecerle una disculpa pública y sancione a los responsables del desalojo de María Teresa Carrizales Hernández de la Oficialía 11 del Registro Civil.

La proposición de la legisladora federal, identificada con el grupo político encabezado por el también diputado federal José Ricardo Gallardo Cardona y su padre, Ricardo Gallardo Juárez, incluye la petición “para que de inmediato rindan un informe” sobre lo ocurrido, las medidas administrativas y acciones legales implementadas a fin de respetar y garantizar los derechos fundamentales y humanos de la afectada.

La senadora propone que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pida al presidente municipal, Xavier Nava Palacios; al secretario general del Ayuntamiento, así como al titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, todos del Municipio de San Luis Potosí, “para que la autoridad que haya violentado los derechos de la Ciudadana María Teresa Carrizales Hernández ofrezca una disculpa pública y sancione a cada uno de los servidores públicos conforme a derecho”.

La iniciativa, dirigida al presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Martí Batres Guadarrama, fue turnada a la Primera Comisión para su estudio, análisis y, en su caso, aprobación. Fue además una de las 67 propuestas de aprobaciones de puntos de acuerdos presentadas por los legisladores en la asamblea celebrada este miércoles.

La petición del informe inmediato incluye a la Secretaría General de Gobierno, al Institutito Estatal de las Mujeres y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La propuesta de la senadora electa por el Partido de la Revolución Democrática y ahora representante del Partido Verde Ecologista de México, la sustenta en consideraciones basadas en publicaciones en medios informativos y no detalla la fecha del violento desalojo, registrado el pasado 1 de julio.