Por Victoriano Martínez
¿A qué juegan la Secretaría de Educación Pública, el gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) con la historia del adeudo en el subsidio estatal que se acumula mes con mes y que se ha repetido cada año durante este sexenio sin que, en los tres primeros años, se cubriera el faltante?
En los primeros ocho meses del año, de enero a agosto, el gobierno estatal ya le adeuda a la UASLP 192 millones 681 mil 527.22 pesos y, conforme a la lógica de aportaciones del gobierno estatal, para fin de año habrá entregado los 320 millones de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos, por lo que el adeudo será de 196 millones 278 mil 656 pesos.
De acuerdo con el Convenio Marco de Colaboración que firmaron el pasado 14 de enero para actualizar el firmado en 2016, y con su Anexo de Ejecución 2026, el mecanismo de operación para la entrega del subsidio a la UASLP deja huellas documentales que demuestran que no hay razón para ese retraso en las ministraciones.
La Tercera cláusula del Anexo (“El Ejecutivo Estatal” se obliga a:) resulta descriptivo de las acciones que deben quedar documentadas y a partir de las cuales no tendría por qué darse el adeudo, a menos que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona haya dispuesto retener los recursos que recibe para entregarlos a la UASLP.
“Dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a que “LA SEP” realice el depósito correspondiente, aportará la cantidad de $516’278,656.00 (…), de conformidad al calendario de ministraciones contenido en el Apartado Único debiendo cubrir la totalidad de dicha cantidad, en el ejercicio fiscal 2026”, establece el inciso a) de esa cláusula.
Destaca el hecho de que ““LA SEP” realice el depósito correspondiente” que se puede interpretar como que lo que el ejecutivo estatal entrega a la universidad es parte del presupuesto federal asignado al Estado y que la federación se lo remite etiquetado para cubrir el Convenio Marco de Colaboración.
La Federación aporta el recurso conforme al calendario del Anexo y le da al gobierno estatal la libertad de transferirlos a la UASLP, ¿conforme a la disposición presupuestal?, según lo determine, siempre y cuando cubra “la totalidad de dicha cantidad, en el ejercicio fiscal 2026”.
En el inciso b) establece la obligación del gobierno estatal de contar con una cuenta bancaria específica “para la administración y ejercicio de los recursos financieros que le otorgue “LA SEP””.
Desde la cuenta mencionada en el inciso b) el gobierno estatal debe transferir los recursos “a más tardar dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a su recepción, en una sola exhibición, incluyendo los rendimientos financieros, debiendo remitir a “LA SEP” la evidencia documental de dicha transferencia”, señala el inciso c).
La evidencia documental de la transferencia que el gobierno estatal debe enviar a la SEP no sólo confirma el papel de mero intermediario para que los recursos lleguen a la UASLP, sino que queda documentado ante la dependencia federal el incumplimiento total en las ministraciones mensuales.
Pero el gobierno estatal no sólo está obligado a documentar que entregó el subsidio a la UASLP, sino a entregar a la SEP “el comprobante fiscal digital por Internet (CFDI), en archivos PDF XML, respecto de los recursos financieros recibidos por la Federación, previo a la ministración de los recursos” dice el inciso e).
Con los documentos indicados en los incisos c) y e) bastaría para reconocer que, como intermediario, el gobierno estatal retiene recursos enviados por la Federación para cumplir con el Convenio Marco de Colaboración, en tanto que la obligación de “remitir a “LA SEP” la evidencia documental de dicha transferencia” deja en claro que la autoridad federal está enterada de los atrasos, tan es así que los registra en el Tablero de Cumplimiento.
Tanto la UASLP por recibir ministraciones incompletas como la SEP porque se le reportan las transferencias del Estado a la Universidad, saben del incumplimiento por parte del gobierno estatal, ¿por qué no hacen valer lo que señala el último párrafo de la segunda cláusula del Convenio Marco? Especialmente la UASLP que ha señalado afectaciones a su operación.
El párrafo referido dice: El incumplimiento en la ministración de los recursos asignados o de los demás compromisos de pago establecidos en este Convenio Marco dará lugar a las responsabilidades que correspondan en términos de lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dos documentos indicados en los incisos c) y e) del Anexo de Ejecución que, si fueran incorporados al Tablero de Cumplimiento como un mayor ejercicio de transparencia, darían a la comunidad universitaria, y a la comunidad en general, el panorama real del adeudo.
Si nos atenemos a la descripción de la dinámica de entrega de las aportaciones estatales a la UASLP del Anexo de Ejecución, el adeudo no es otra cosa que la retención por parte del gobierno estatal de recursos que ya recibió para entregarlos a la UASLP, pero de los que prefiere disponer para otros fines.
Entonces cabe la pregunta: ¿Qué ha hecho el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona con los 192 millones 681 mil 527.22 pesos que en los últimos ocho meses no le ha entregado a la UASLP?
