Por Victoriano Martínez

Con 15 votos a favor, 11 en contra y una abstención los diputados del Congreso del Estado aprobaron una extraña clasificación para los 58 municipios del Estado: aquellos donde se combatirá la corrupción porque en la entrega de apoyos sociales se desincentivará “el desvío de recursos públicos que no deja huella digital o bancaria” y aquellos los podrán entregar sin dejar huella.

“En los municipios con más de 90 mil habitantes o que cuenten con servicios bancarios, en ningún caso, la entrega de recursos públicos de los programas sociales será en efectivo”, fue la adición que se aprobó para la fracción V del artículo 12 de la Ley de Desarrollo Social.

La iniciativa, presentada por el diputado Rubén Guajardo Barrera el 30 de mayo de 2019, fue dictaminada con un cambio: en lugar de que sólo quedarán en el grupo de desincentivados los municipios con más de 100 mil habitantes, se redujo la cuota a 90 mil y se incluyeron aquellos que cuentan con servicios bancarios.

Los municipios en los que se desincentiva el desvío de recursos son San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, Tamazunchale, Xilitla, Ébano, Tamuín, El Naranjo, Cerritos, Charcas, Tancanhuitz, Tanquián y Venado, donde habitan un millón 844 mil 717 habitantes. En el resto, con 854 mil 741 habitantes se pueden entregar apoyos sin que quede huella.

Una determinación que asume que si hay de por medio una institución bancaria ya se colocó un candado a un posible acto de corrupción como si –en contraparte– en las entregas en efectivo no existiera obligación alguna de comprobación.

Más aún: con la mediación de un banco se contará –según la exposición de motivos– con “mejores elementos para combatir el fraude fiscal e incluso conductas de acumulación tendientes al enriquecimiento ilícito e incluso, que esos recursos puedan emplearse en procesos electorales para actividades ilegales como la compra de votos o la coacción política”.

Sin embargo, ni el dictamen ni la exposición de motivos aportan evidencia con relación a la forma en que efectivamente se desincentiva el desvío de recursos, sobre todo cuando existen casos en los que los movimientos fraudulentos se apoyan en triangulaciones de recursos a través de los bancos.

Por la forma en que se plantea la adición que se hace a la Ley de Desarrollo Social, prácticamente se le avisa a 15 alcaldes que deben ser más cuidadosos si pretenden entregar dinero a la población, en tanto que a los otros 42 (Ahualulco no aparece mencionado en el dictamen) se les recuerda que si cometían fraude lo podrán seguir haciendo como hasta ahora.

Y mientras tanto, el alcalde de Soledad Gilberto Hernández reparte tapas de huevo y lo anuncia indiscriminadamente por televisión, el alcalde Xavier Nava entrega despensas con los símbolos de su administración, el alcalde de Tanquián se suma al reparto de carne del diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, las brigadas verdes se movilizan en dos municipios más, el…

La lista de violadores del artículo 134 constitucional puede seguir indefinidamente e incluso incluir a diputados que votaron en contra o a favor de desincentivar desvíos con apoyos sociales, por mucho que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana trate de llamar al orden.

Sea con intervención bancaria o sin ella, sea en efectivo o en especie, sea que esté en sus funciones la entrega de apoyos sociales o no, los políticos están desatados y –si de rendir cuentas se trata– demuestran que son especialistas en seguir –cual himno– aquella vieja canción de Bronco: Que no quede huella, que no y que no…