Por Victoriano Martínez

No podía esperarse menos: si el rectorado de Manuel Fermín Villar Rubio se caracterizó por un trascurrir errático, no es raro que primero emitiera un comunicado para desacreditar la denuncia pública de Emma N., víctima de abuso sexual, y terminar por aceptar y ofrecer cumplir la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos… porque ya no le tocará a él.

El 31 de marzo, la CEDH emitió la recomendación 7/2020 relacionada con el caso de la maestra Emma N., quien en entrevista con Astrolabio Diario Digital publicada el 1 de abril relató los agravios que comenzaron por el abuso sexual de que fue víctima y escalaron a una violencia institucional que quedó acreditada en la recomendación.

Ese mismo 1 de abril, Alejandro Zermeño Guerra ganó de manera sorpresiva la elección de rector y se dio a conocer públicamente la recomendación de la CEDH a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El grupo de Villar Rubio perdía la rectoría y la recomendación aparecía como un símbolo de los pendientes que Zermeño Guerra hereda.

En lo que pudo ser un último intento por asear un poco la desgatada imagen de Villar Rubio, especialmente por los tendederos de los días previos a la contingencia por el coronavirus Covid-19, Juan Manuel Reynoso, abogado de la UASLP, y Jorge Andrés Delgado Delgadillo, defensor de Derechos Universitarios, intentaron desacreditar la denuncia de Emma N.

Calificaron como actitud deleznable “la utilización de espacios de libertad de expresión para la realización de calumnias, insidias y denostaciones infundadas y contrarias a dicho principio, mediante el empleo de falacias y verdades fuera de un contexto real, que derivan en una afrenta sistemática hacia las y los intereses de la comunidad universitaria”.

El en comunicado, que distribuyeron el 7 de abril, los funcionarios universitarios aseguraron que “las versiones difundidas, han conducido a aseveraciones que no corresponden con la realidad de los hechos”. Pero las aseveraciones no estaban sólo en los “espacios de libertad de expresión”, ya estaban en la recomendación de la CEDH.

O tardaron ocho días más en darse cuenta, o como parte de la entrega-recepción debieron reconocer la situación, o se percataron de que ya no les tocaría cumplir con los cuatro puntos de la recomendación… el caso es que para este miércoles 15 le comunicaron a la CEDH la aceptación y el compromiso de darle “total cumplimiento”.

A 13 días del cambio de rector y con las actividades suspendidas por la pandemia, el cumplimiento total de la recomendación podría ser, en ocho años de rectorado, algo de lo que Villar Rubio saldrá medio librado de una obligación que le podría resultar un poco penosa: cumplir con el cuarto punto del documento de la CEDH:

Se diseñe e implemente con todo el personal de Rectoría incluido su Titular, las y los integrantes del Consejo Directivo Universitario, personal Directivo de Escuelas y Facultades, la Oficina del Abogado General y la Defensoría de los Derechos Universitarios, un Curso de Alta Formación y Capacitación en materia de atención a la violencia contra las mujeres…

Hasta el final, pues, Villar Rubio logró evadir la responsabilidad de responder ante sus omisiones y heredárselas a un sucesor que, al no ser de su misma línea, deja abierta una interrogante: ¿enfrentará Villar Rubio alguna consecuencia por sus actos y omisiones?