Por Victoriano Martínez
“La presente iniciativa no rompe con aquella orientación; la desarrolla. Se propone que los elementos esenciales del régimen queden determinados directamente por la ley y que a las autoridades educativas, organismos e instituciones competentes corresponda únicamente su instrumentación, dentro del ámbito de sus atribuciones”.
Con esas palabras, la iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley de Educación estatal (página 76) para regular el uso de celulares en las escuelas presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoce que va en el mismo sentido que el Decreto 0457 que él mismo firmó y, con intención o no, señala que servirá para eliminar los lineamientos cuyo plazo para su elaboración se le venció el pasado 11 de mayo.
Los lineamientos que no elaboró y, por tanto, lo hicieron incurrir en una violación al decreto que él mismo firmó, los suplió con un solo párrafo con el que pretende sustituir al que publicó el 10 de febrero, hoy aún vigente y con su transitorio relativo incumplido, en los siguientes términos:
“En los servicios de educación básica queda restringido, durante toda la jornada escolar, el uso personal y no pedagógico de teléfonos celulares y demás dispositivos electrónicos personales de comunicación, conectividad o acceso digital”.
Enseguida agrega dos párrafos más para establecer generalidades sobre el uso y las restricciones de los celulares para cerrar con dejar a las autoridades educativas, organismos e instituciones competentes “en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las medidas necesarias para la aplicación de estas disposiciones”.
Gallardo Cardona anunció su propuesta una semana después de que en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se informó sobre los trabajos de la SEP para regular el uso de celulares en las escuelas y, en lo que podría verse como un intento de apropiarse del crédito, la presentó unos días antes del Acuerdo federal en esa materia,
No le alcanzó el tiempo para presumir que acá se aprobó antes que allá por mucho que le dio el carácter de preferente a su iniciativa.
El acuerdo de la SEP se publicó este 22 de septiembre con un contenido que no sólo incluye lo que la iniciativa de Gallardo Cardona plantea, sino que deja ver lo limitada de la iniciativa gallardista e, incluso –por ese afán protagónico de aparentar se el primero– una posible invasión de atribuciones.
“El artículo 113, fracción VII de la LGE (Ley General de Educación) señala que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal emitir disposiciones jurídicas en materia de uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el Sistema Educativo Nacional”, se indica en los considerandos del acuerdo de la SEP.
Más adelante establece que la propia LGE delimita que “corresponde a las autoridades educativas federal, de los Estados y Ciudad de México, de manera concurrente fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo”.
El acuerdo de la SEP no sólo establece en sus siete artículos lineamientos sobre el uso y restricciones de celulares en las escuelas, sino que propone “decálogos para cada uno de los tipos educativos que serán el punto de partida para la difusión, apropiación y construcción de acuerdos que aseguren los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional”.
Es decir, pone a disposición de las autoridades educativas federal, de los Estados y Ciudad de México instrumentos para que de manera concurrente fomenten el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para que comiencen a cumplir con el artículo segundo transitorio del decreto.
Si bien con su iniciativa preferente podrá Gallardo Cardona eliminar la elaboración de lineamientos para regular el uso de celulares en las escuelas desde este miércoles ya tendría que haber comenzado a organizar asambleas con diversos integrantes de la comunidad educativa.
“En sus respectivos ámbitos de competencia, iniciarán un proceso de asambleas con madres y padres de familia, personas tutoras y demás integrantes de sus comunidades educativas para la información, difusión, apropiación, implementación y construcción de acuerdos respecto de las condiciones y prácticas contenidas en el mismo”, ordena el acuerdo de la SEP.
Podrá Gallardo Cardona de la obligación de generar los lineamientos sobre los que ya incumplió, pero el segundo transitorio del acuerdo de la SEP es el que ahora pone aprueba qué tan en serio se toma la regulación de los celulares en las escuelas.
