María Ruiz
Joel Ramírez Díaz, director de Educación del Ayuntamiento de San Luis Potosí, señaló que la aplicación de la restricción en los planteles municipales deberá tomar en cuenta que los teléfonos celulares también pueden utilizarse como instrumentos de apoyo educativo, para atender emergencias y documentar situaciones de violencia dentro o fuera de las escuelas.
La medida fue aprobada por el Congreso del Estado de San Luis Potosí el 30 de septiembre de 2026, a través de una reforma al artículo 60 de la Ley de Educación estatal para restringir el uso personal y no pedagógico de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante la jornada escolar en educación básica, tanto en escuelas públicas como particulares. La iniciativa fue presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el dictamen estuvo a cargo de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
El funcionario reconoció que en los centros educativos municipales se presentan las mismas dificultades que en otros planteles por las distracciones que ocasionan los dispositivos electrónicos y los riesgos asociados con su uso durante las actividades escolares.
No obstante, consideró que la prohibición no debe impedir que los estudiantes recurran a sus teléfonos cuando exista una finalidad académica o educativa, pues la propia regulación contempla esas excepciones.
Ramírez Díaz indicó que para aplicar la medida será necesario coordinarse con las inspecciones de los distintos niveles educativos, desde preescolar hasta preparatoria, además de establecer acuerdos con docentes y comunidades escolares para definir los criterios correspondientes.
Sobre la participación de las familias, destacó que su colaboración será especialmente importante para acompañar a los estudiantes de menor edad y generar responsabilidad sobre el uso de estos dispositivos.
Respecto a la posibilidad de imponer sanciones a quienes incumplan la disposición, el director consideró:
“Hay que tomar acuerdos para hacer conciencia y responsabilidad que tenemos que asumir ante esta realidad y con los padres de familia tomar acuerdos. Y luego con la colaboración de los maestros”.
La reforma contempla excepciones para actividades académicas, emergencias y razones de salud, y entró en vigor este 3 de noviembre de 2026.
