Texto y fotografías de Fernanda Durán
La primera reunión de la mesa técnica de trabajo sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial se llevó a cabo este lunes en la Sala Heberto Castillo del Congreso del Estado, en un encuentro, encabezado por la presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, diputada Gabriela López Torres, que se empalmó con el foro “El Nuevo Poder Judicial de San Luis Potosí: Hacia una Nueva Ley Orgánica”, encabezado por el diputado Carlos Arreola Mallol, lo que dio pie a cuestionamientos sobre supuestas divisiones internas en Morena.
En la apertura, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Roberto García Castillo defendió que no existen diferencias internas, sino esfuerzos paralelos con un mismo objetivo.
Aseguró que tanto Gabriela Torres como el diputado Carlos Arreola Mallol “llevan la batuta” en la construcción de la ley y que lo hacen en cumplimiento del proyecto de “justicia para el pueblo” promovido desde el Gobierno Federal.
La mesa contó con la participación de cuatro de los seis legisladores de Morena, además de académicos, abogados, delegados y un juez en retiro. Frente a las preguntas sobre si las reuniones separadas reflejaban un rompimiento, Torres aclaró que la mesa técnica estaba prevista a las 11 de la mañana y el foro a las 12, con la intención de complementar ambos ejercicios, pero al final se llevaron a cabo ambas a la misma hora.
Recalcó que la Comisión Segunda de Justicia tiene la responsabilidad de integrar un solo dictamen que concentre las tres iniciativas presentadas: una de Morena en febrero, otra del Poder Judicial en julio y una tercera respaldada por la mayoría de legisladores el viernes pasado.
Observaciones técnicas
Durante la mesa, Torres advirtió su preocupación por la ausencia de la figura de los secretarios de acuerdos en dos de las propuestas.
Subrayó que se trata de un cargo clave en el funcionamiento de las salas judiciales y que eliminarlo dejaría en incertidumbre a quienes actualmente ocupan esas plazas.
El abogado Jorge Chesal, presidente de la Barra Mexicana de Abogados en San Luis Potosí, coincidió en la relevancia de mantener a los secretarios de acuerdos, al recordar que son depositarios de fe pública y validan las decisiones de jueces y magistrados.
También planteó otros puntos críticos: la necesidad de definir claramente las sanciones administrativas dentro de la Ley Orgánica o remitirlas íntegramente a la Ley de Responsabilidades; la regulación de suplencias para que no recaigan en funcionarios no electos; y evitar que la llamada “junta de coordinación” se convierta en un órgano intermedio no previsto en la Constitución.
En las intervenciones legislativas, se retomaron estas preocupaciones. López Torres propuso incorporar un candado para que los cambios de adscripción de jueces o magistrados solo ocurran tras un procedimiento firme con derecho de audiencia al evitar decisiones discrecionales.
Además, planteó que cada juzgado cuente con un mínimo de personal técnico, como secretarías de estudio y cuenta, actuarios y notificadores, para agilizar la impartición de justicia.
En cuanto a suplencias, varios participantes coincidieron en que deben resolverse con base en los resultados de elección popular y no mediante designaciones internas. Se alertó que permitir licencias prolongadas cubiertas por secretarios podría contradecir el principio de legitimidad que sustenta la reforma judicial.
Foro con autoridades estatales
Tras concluir la mesa, legisladores y especialistas se integraron al foro en el que participaron el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez; la fiscal general, Manuela García Cázarez; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Arturo Morales Silva; y la presidenta electa, Lourdes Anahí Zarazúa.
Durante este espacio, el abogado Jorge Chessal expuso los principales retos técnicos y estructurales. Torres Sánchez respondió al precisar lo siguiente:
- Las suplencias deben respetar el principio de elección popular. Solo ante ausencia definitiva y sin orden electoral se podría acudir de manera temporal a secretarios de acuerdos.
- La figura de los secretarios de acuerdos es indispensable para asegurar la fe pública en los actos judiciales.
- Se contempla un esquema básico de sanciones, pero se evaluará la posibilidad de consolidarlas con la Ley de Responsabilidades Administrativas en una normativa única.
- La ‘junta de coordinación’ no sustituye ni debilita a los órganos constitucionales del Poder Judicial; su función es facilitar la comunicación institucional sin entorpecer la autonomía existente.
Posteriormente, las y los diputados, así como las autoridades presentes, afirmaron que la ruta legislativa avanza con una visión de consenso y un solo dictamen, y que las observaciones técnicas serán consideradas para perfeccionar la propuesta final.
La mesa técnica continuará sesiones durante esta semana, con convocatorias abiertas a abogados, académicos y sociedad civil.
El objetivo, según Torres Sánchez, es tener listo un proyecto de dictamen en los próximos días, que será discutido en comisiones y posteriormente en el Pleno, antes de la instalación formal del nuevo Poder Judicial el próximo 15 de septiembre.
