Desiree Madrid
El déficit de traductores e intérpretes de lenguas originarias en San Luis Potosí, fue reconocido por Bernarda Reyes Hernández, titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, quien adelantó que ya existen pláticas con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) para abordar esta problemática.
La ex legisladora Bernarda Reyes Hernández respondió ante la preocupación sobre la carencia de intérpretes en el estado.
“Sí es preciso compartirles que tenemos nosotros una plática ya con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, con un proceso largo, porque primero vamos a hacer un censo justamente respecto de necesidades desde ambos puntos de vista,” declaró.
La funcionaria explicó que este diagnóstico no será únicamente institucional, sino que también se atenderán las necesidades de los pueblos indígenas, como es la atención directa desde la administración, y con ello garantizar el derecho a la lengua.
En cuanto a la composición actual de pueblos originarios en el estado, Reyes Hernández indicó que hay alrededor de 10, “entre los que se nos han estado sumando a raíz del censo nacional que emitió el INPI, entonces como un tema que ahora les comparto, en Mexquitic de Carmona no se tenían reconocidos pueblos indígenas, que en este momento pues ya existen en realidad”.
La titular del Instituto también precisó cuáles son los principales pueblos indígenas por cantidad de personas en la entidad:
“Los que por naturaleza son originarios, el náhuatl, el tének, el xi’úi, de mayor a menor, y sin soslayar, esto no quiere decir que los pueblos originarios ya con una residencia importante y efectiva aquí en San Luis Potosí, están justamente aquí en la capital”.
Un ejemplo de la clara falta y urgencia de interpretes es la elección a titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en donde no fue traducida la convocatoria a lenguas indígenas.
Estas declaraciones surgen en un contexto donde urge que las autoridades garanticen el derecho a la lengua y la presencia de intérpretes en servicios públicos esenciales como la salud, la justicia y la educación.
Si bien Reyes Hernández reconoce el problema y el inicio de un proceso de diagnóstico, todavía no se ha anunciado una fecha para la implementación de medidas concretas.
