Fernanda Durán
Con 25 votos a favor y una abstención de la diputada morenista Nancy Jeanine García Martínez, el Congreso del Estado aprobó este martes un paquete de reformas electorales que incorpora cambios en materia de candidaturas, financiamiento partidista, derechos político-electorales, digitalización de trámites y deja fuera candados contra simulación de género, a partir de nueve iniciativas impulsadas por legisladores de distintas fuerzas políticas y diversas reuniones privadas.
El dictamen fue avalado previamente por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Régimen Interno y Asuntos Electorales, donde el secretario técnico explicó que la propuesta retoma diversos temas planteados por los grupos parlamentarios y ajusta algunas iniciativas originales para hacerlas viables jurídicamente.
Entre los cambios aprobados destaca el reconocimiento en la legislación local del derecho al voto de personas sujetas a prisión preventiva que no cuenten con una sentencia condenatoria firme, bajo el principio de presunción de inocencia y en coordinación con las autoridades electorales y penitenciarias.
También se precisaron las reglas de participación de los representantes de los partidos políticos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), garantizando su derecho a intervenir en las sesiones y recibir información, pero sin que su ausencia pueda frenar las reuniones o afectar la validez de los acuerdos del organismo electoral.
Otro de los puntos centrales fue la modificación de la propuesta impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés para exigir evaluaciones de control y confianza a aspirantes a cargos de elección popular. Aunque la iniciativa original planteaba convertirlas en requisito para obtener una candidatura, las comisiones determinaron que ello podría vulnerar el derecho constitucional a ser votado, por lo que el mecanismo quedó como una certificación voluntaria de integridad y confiabilidad, sin efectos sobre la elegibilidad de las personas aspirantes.
Durante la discusión en comisiones, el secretario técnico destacó que la reforma busca “blindar las candidaturas de personas que pudieran estar involucradas en algún tipo de actividad delictuosa”, aunque finalmente el esquema aprobado quedó bajo un modelo optativo.
La reforma también incorpora la posibilidad de realizar registros de candidaturas mediante plataformas digitales, así como la recepción electrónica de documentación y otros trámites electorales, con el objetivo de reducir cargas administrativas para partidos políticos y autoridades electorales.
En materia de financiamiento partidista, se aprobó aumentar de tres a cuatro por ciento el porcentaje mínimo de recursos públicos que los partidos deberán destinar a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las juventudes. Además, se establece un piso mínimo de dos por ciento para acciones dirigidas a pueblos y comunidades indígenas y población afromexicana.
Asimismo, se modificó la redacción vigente para que los partidos destinen al menos cinco por ciento de su financiamiento a la capacitación y desarrollo político de las mujeres, permitiendo que puedan asignar porcentajes mayores sin observaciones de la autoridad electoral.
Uno de los temas que no prosperó fue la propuesta de Morena para exigir documentación con una antigüedad mínima de un año a personas que buscaran registrarse bajo acciones afirmativas vinculadas a identidad de género. La diputada Gabriela López Torres cuestionó que la iniciativa fuera descartada, pues se buscaba evitar simulaciones en las postulaciones.
“Lo que nosotros proponíamos era tener como requisito, no indispensable pero sí un posible requisito, alguna identificación previa a un año que dijera que esta persona se autoadscribía como mujer o como hombre”.
La legisladora afirmó que la propuesta no estaba dirigida contra la población de la diversidad sexual, sino a proteger derechos conquistados históricamente por mujeres y grupos LGBTIQ+.
“Ojalá en el siguiente proceso electoral se cumplan esos mecanismos de los que supuestamente habla este dictamen”, expresó.
Finalmente, lamentó que la propuesta no fuera incorporada al dictamen final, y ahora la responsabilidad de evitar simulaciones quedará en los partidos políticos y en las autoridades electorales.
Por su parte, durante la discusión, integrantes de las comisiones destacaron que el acuerdo alcanzado fue resultado de varias mesas de negociación, las cuales fueron privadas, entre las distintas fuerzas políticas.
“Fueron muchas reuniones para poder lograr acuerdos entre todos los partidos”, se señaló durante el debate.
La reforma aprobada forma parte de los ajustes legales que deberán regir el proceso electoral local 2026-2027, cuyo inicio formal está previsto para el próximo 15 de noviembre.
