Estela Ambriz Delgado
El presidente del Consejo Hídrico Estatal (CHE), Jonathan Quintero García, consideró como positiva la reciente aprobación de reformas a la Ley de Aguas del Estado, aunque reconoció que su aplicación efectiva requiere voluntad de las autoridades y de todos los sectores involucrados, así como un seguimiento por parte de la ciudadanía para exigir su ejecución.
La opinión se da en relación a las reformas promovidas por la Comisión del Agua del Congreso del Estado para redefinir responsabilidades entre organismos operadores y usuarios ante fugas de agua, eliminar mecanismos de actualización automática de tarifas, y establecer nuevas reglas para fraccionamientos, suspensión del servicio y restricciones por escasez hídrica, aprobadas en la sesión del pasado jueves.
Quintero García indicó que estas modificaciones representan un avance importante para actualizar el marco normativo relacionado con las pérdidas de agua, ocasionadas por el deterioro y la obsolescencia de buena parte de la infraestructura existente, los cuales son algunos de los principales retos hídricos que enfrenta actualmente la zona metropolitana.
Destacó el fortalecimiento en atención de fugas, el mejoramiento de la eficiencia de las redes hidráulicas y la delimitación con mayor claridad de las responsabilidades sobre el mantenimiento de la infraestructura y las instalaciones de agua.
Además, mencionó que la incorporación de mecanismos como la sectorización y el monitoreo de redes puede contribuir a una gestión más eficiente del recurso y a una mejor capacidad de detección y atención de fugas.
Sin embargo, reconoció que el éxito de estas reformas depende en gran medida de su correcta implementación, del fortalecimiento institucional y de una inversión sostenida en mantenimiento, rehabilitación y modernización de la infraestructura hidráulica.
En este sentido, reiteró que no se debe olvidar que la crisis de desabasto que enfrenta el estado es un fenómeno complejo que no responde a una sola causa.
Entre los factores que han agravado las condiciones de estrés hídrico en la zona metropolitana y distintas regiones del estado, principalmente se encuentra la sobreexplotación de los acuíferos, y el crecimiento urbano acelerado bajo esquemas de especulación con la tierra, desvinculado de una planeación sostenible.
Además de la continua y creciente presión industrial sobre el agua, el acaparamiento del recurso con fines mercantiles por algunos sectores privados, las pérdidas físicas de agua por fugas, así como la falta de una gestión integral, transparente y participativa.
Ante el mencionado contexto, el presidente del consejo prevé que además de los avances legislativos, será fundamental fortalecer acciones como la rehabilitación y modernización de las redes hidráulicas; la implementación de sistemas más eficientes para el monitoreo y control de fugas; la protección de las zonas de recarga hídrica; una mejor planeación territorial y urbana; la coordinación efectiva entre instituciones; así como el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación social en la gestión del agua.
De igual forma, señaló que es esencial fomentar una verdadera cultura hídrica que contribuya a formar una ciudadanía informada, organizada, participativa y propositiva, que integre a todos los sectores relacionados con la problemática del agua, especialmente aquellos que se omiten en las campañas oficialistas, pero que llevan gran responsabilidad, al tener mayores niveles de extracción, consumo, contaminación y deuda en los pagos por el servicio.
“La construcción de una cultura del agua no debería centrarse únicamente en discursos de cuidado y ahorro dirigidos a la población en general que en muchos casos también es uno de los sectores más afectados por la crisis hídrica, sino avanzar hacia un enfoque más integral, corresponsable y sustentado en la justicia hídrica y socioambiental, con la participación y transparencia de todos los involucrados en el uso y consumo del agua”.
Expresó también que atender la crisis hídrica requiere una visión integral, sostenible y de largo plazo, y que el desarrollo de iniciativas y reformas legales forma parte importante de ello, particularmente ante los desafíos que enfrenta actualmente el estado potosino en la materia.
“El agua es un tema estratégico para el desarrollo, la salud, la producción alimentaria, el medio ambiente, la calidad de vida de la población y la protección de los ecosistemas, por lo que su gestión debe fortalecerse mediante la corresponsabilidad social, la planeación y la participación colectiva. La legislación es una parte esencial, pero la ejecución efectiva de dichas leyes será el reto de las gestiones y de todos los sectores involucrados, y una obligación de la propia ciudadanía para dar seguimiento y exigir que así sea”, concluyó.
