María Ruiz
La regidora María Eugenia Castro Anguiano y el alcalde Enrique Galindo Ceballos defendieron la actuación del Ayuntamiento en el caso del gimnasio Beat Cycle Train, ubicado en la colonia Tangamanga, al señalar que la clausura respondió a las quejas de vecinos por ruido y a la falta de anuencia vecinal para obtener la licencia de funcionamiento. Sin embargo, las propietarias del establecimiento aseguran que las autoridades les pidieron no hacer declaraciones ni defenderse públicamente a cambio de entregarles el permiso, que hasta ahora no han recibido.
Castro Anguiano explicó que su intervención comenzó el 15 de mayo, cuando recibió en su oficina una denuncia ciudadana respaldada por más de 15 firmas de habitantes cuyas viviendas colindan con el gimnasio. Según relató en un video publicado en sus redes sociales, los vecinos llevaban más de cuatro años enfrentando molestias por las actividades del establecimiento.
La regidora sostuvo que su participación consistió en recibir y canalizar las inconformidades, pues aseguró que, de acuerdo con sus atribuciones, debe informar a las autoridades competentes cuando tiene conocimiento de posibles incumplimientos a la normativa municipal.
También defendió el procedimiento de anuencia vecinal y señaló que el artículo 21 del Reglamento de Comercio y de Actividades Comerciales establece el respaldo de al menos 51 por ciento de los vecinos como requisito. Afirmó que la consulta realizada por la autoridad no favoreció al gimnasio.
“Mi labor como regidora es escuchar y turnar las denuncias ciudadanas. No es intromisión ni favoritismo, es cumplir con mi obligación”, expresó.
Por su parte, el alcalde Enrique Galindo Ceballos respaldó la intervención de la regidora y señaló que su función como representante ciudadana le permite gestionar las inconformidades de los habitantes. Descartó que Castro Anguiano sea trabajadora municipal y dijo respetar el pronunciamiento que realizó sobre el caso.
Al referirse al gimnasio, el edil aseguró que el establecimiento continúa sin licencia de funcionamiento, pese a que llevaba alrededor de cuatro años operando. Explicó que las propietarias han cumplido con la mayoría de los requisitos, pero no han conseguido la anuencia de siete familias cuyas viviendas colindan directamente con el negocio.
Galindo indicó que las inconformidades se relacionan principalmente con el ruido de las clases, que comienzan a las cinco de la mañana y se extienden hasta las once de la noche.
“Ellos dicen, inviertan para que el ruido, el ruido de las pesas, el ruido del sonido, el ruido humano no nos afecte. Eso es lo único que piden”, declaró.
El alcalde agregó que el establecimiento tiene alrededor de 650 afiliados y cuenta con cuatro cajones de estacionamiento, por lo que también existen problemas relacionados con la capacidad del inmueble para recibir a sus usuarios. No obstante, consideró que la principal inconformidad que debe resolverse es la relacionada con el ruido que afecta a las familias colindantes.
Frente a las explicaciones de las autoridades, las propietarias de Beat difundieron un posicionamiento en el que cuestionaron el trato recibido durante el procedimiento y aseguraron que les solicitaron mantenerse en silencio para poder obtener su licencia de funcionamiento.
“Las autoridades nos han pedido no reaccionar, no comentar, no defendernos a cambio de que nos den nuestra licencia de funcionamiento. Así lo hemos hecho y aun así seguimos sin licencia”, señalaron.
Las emprendedoras dijeron que decidieron hacer pública su postura porque están cansadas de permanecer calladas mientras, desde su perspectiva, se difunden versiones falsas o incompletas sobre su situación.
También reclamaron que tienen derecho a trabajar y a sentirse seguras durante los trámites ante las dependencias municipales, sin interpretaciones ambiguas de los requisitos y reglamentos que deben cumplir.
“Hoy somos nosotras, pero mañana puede ser cualquier persona que quiera emprender, invertir, generar trabajos y cumplir sueños”, expresaron.





