Desiree Madrid
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) anunció este martes una serie de medidas tras las denuncias por una presunta violación ocurrida dentro de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriga Leija”.
En rueda de prensa, la abogada general de la institución, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, informó la destitución de la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Magdalena Beatriz González Vega, así como la aceptación de la renuncia del director de la Facultad de Derecho, Germán Pedroza Gaytán, por omisiones en la atención del caso.
Además, se anuncia que dos alumnos fueron expulsados como parte de las primeras sanciones universitarias.
La abogada explicó que la defensora incurrió en omisiones no sólo en el caso de la Facultad de Derecho si no también en el caso de acoso sexual la Facultad de Economía, reportado la semana pasada, en el cual se informó que también se tomaron medidas.
Navarro Sánchez detalló que las decisiones responden a la instrucción directa del rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, quien ordenó a la Abogacía General y al Órgano Interno de Control actuar “de manera diligente y contundente” frente a los hechos denunciados.
“Nuestro deber no es solidarizarnos, sino garantizar justicia y sanción ante las violaciones de derechos humanos dentro de la comunidad universitaria”, afirmó.
La funcionaria explicó que los procedimientos de expulsión de los dos estudiantes implicados concluyeron en estricto apego al artículo 88 del Estatuto Universitario, 197 del Reglamento de la Facultad de Derecho y a los protocolos institucionales para atender la violencia de género.
Subrayó que la universidad ya entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE) la información solicitada, incluidos videos y material de seguridad, para coadyuvar en la investigación penal.
En cuanto a los cambios administrativos, Navarro confirmó que Olivia Salazar Flores, quien hasta ahora fungía como secretaria técnica de la Abogacía General, asumirá de manera interina la titularidad de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
En tanto se designa a un nuevo director o directora de Derecho, la facultad será administrada por una comisión temporal encabezada por la propia abogada general, la contralora universitaria y el secretario académico de la entidad.
Durante la conferencia, Karla Pantoja, titular del Órgano Interno de Control, aseguró que las investigaciones administrativas seguirán abiertas para determinar posibles responsabilidades de funcionarios que omitieron actuar ante las denuncias previas.
“El procedimiento continúa, porque buscamos esclarecer cualquier omisión o actuación indebida. Ningún caso quedará sin investigar”, señaló.
En respuesta a los medios, Navarro confirmó que las protestas estudiantiles continúan en varias facultades, entre ellas Derecho, Psicología, Ingeniería y Economía.
Aseguró que la universidad reconoce el derecho legítimo a la protesta y que se ha establecido comunicación con la Federación Universitaria Potosina (FUP) para mantener el diálogo.
“Entendemos que la comunidad estudiantil nos interpela. Ellos nos están recordando que las omisiones no son tolerables”, expresó.
Sobre el caso específico de la víctima, la abogada general afirmó que la alumna ha recibido acompañamiento institucional y que se han tomado medidas de seguridad en todos los campus.
Aclaró además que el alumno señalado como agresor no pertenece formalmente a la FUP, aunque mantiene vínculos de amistad con algunos de sus integrantes.
Navarro también reconoció que en administraciones pasadas se toleraron prácticas indebidas dentro de las oficinas de representación estudiantil de la Facultad de Derecho, donde se reportaban reuniones con consumo de alcohol.
Señaló que la nueva administración revisará esos espacios “para garantizar su uso correcto, sin cancelar los derechos de representación del alumnado”.
Finalmente, la funcionaria afirmó que los daños materiales registrados durante las protestas son “secundarios frente a la obligación institucional de garantizar justicia”.
La universidad —dijo— mantendrá presencia de abogados y personal de seguridad en las instalaciones para salvaguardar la integridad de los manifestantes, mientras continúa el proceso de investigación y sanción.
