Desiree Madrid
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) mantiene un conjunto de solicitudes de información sin resolver que se arrastra desde octubre de 2025, de acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
La revisión de los datos disponibles muestra que, lejos de tratarse de casos aislados, el rezago abarca múltiples peticiones que continúan en estatus de “en proceso” sin que exista una respuesta pública visible.
El periodo más evidente de acumulación comienza el 8 de octubre de 2025 y se extiende hasta el 8 de diciembre del mismo año, fecha de la última solicitud registrada en ese lapso. Todas ellas permanecen sin resolución en la plataforma, sin archivos adjuntos ni descripciones detalladas y, en varios casos, sin evidencia de avance. Este patrón se replica también en solicitudes posteriores, lo que apunta a una falta de actualización sistemática en la atención de estos requerimientos.
A esta situación se suman 21 solicitudes adicionales presentadas en lo que va de 2026, de las cuales tres corresponden todavía a registros del año anterior y 18 fueron ingresadas recientemente. En todos los casos, el estatus continúa siendo el mismo: “en proceso”.
La última solicitud que aparece como concluida en la plataforma data del 30 de septiembre de 2025. Antes de esa fecha, el sistema muestra al menos siete solicitudes en trámite desde el 16 de agosto, con solo una marcada como terminada.
Aunque la plataforma refleja que el 100 por ciento de las solicitudes están registradas formalmente, esto no se traduce en cumplimiento efectivo. El registro por sí solo no garantiza que las dependencias estén respondiendo en tiempo y forma, ni que la ciudadanía tenga acceso a la información que solicita.
Una solicitud de información es un mecanismo mediante el cual cualquier persona puede requerir datos, documentos o registros que obren en poder de las instituciones públicas. Este derecho no depende de justificar el uso que se dará a la información, y forma parte de los instrumentos diseñados para permitir la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio de los recursos públicos y las decisiones gubernamentales.
En México, este derecho está respaldado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual establece que todas las dependencias deben responder a las solicitudes en un plazo determinado, generalmente no mayor a 20 días hábiles, con posibilidad de una prórroga justificada de acuerdo al artículo 132. La ley también obliga a que las respuestas sean completas, accesibles y, en la medida de lo posible, acompañadas de los documentos que respalden la información entregada.
El encargado de transparencia en dicha dependencia es Edgardo José Ornelas Rodríguez.
Más allá del número de solicitudes acumuladas, el problema radica en la falta de respuestas verificables, lo que impide conocer si los plazos se han respetado o si las solicitudes han sido atendidas conforme a la ley. En ese contexto, el rezago no solo es administrativo, sino que impacta directamente en el derecho de acceso a la información.
