Fernanda Durán
La secretaria de Formación Política de Morena en San Luis Potosí, Roxana Herrera Hernández, difundió este fin de semana un video en el que aseguró encontrarse “resguardada”, en medio de la controversia generada por las órdenes de aprehensión y actos de investigación dirigidos contra personas vinculadas a páginas digitales, comunicación política y perfiles críticos del gobierno estatal, tras la aplicación de la reforma por uso “indebido” de inteligencia artificial.
En el mensaje, dirigido a militantes de Morena en Soledad de Graciano Sánchez, Herrera explicó que no pudo asistir como facilitadora del Instituto Nacional de Formación Política a la instalación de una asamblea del Consejo Municipal debido a la situación que enfrenta actualmente.
“El día jueves por la mañana se giraron órdenes de aprehensión en contra de 10 personas, las cuales somos identificadas como activistas, defensores de derechos humanos y periodistas. Todos hemos sido la voz crítica, no se trata de un hecho aislado ni mucho menos, se trata de una persecución política por alzar la voz de la realidad que nos aqueja a todo el estado”.
Herrera afirmó que decidió emitir el mensaje para alertar a la militancia sobre lo que está ocurriendo, por ello vinculó el caso con el contexto político estatal y que existe resistencia al crecimiento de su partido en San Luis Potosí.
“Es importante que el proyecto de la cuarta transformación llegue a nuestro estado y a cada uno de los municipios (…) Es eso a lo que le tienen miedo y es por eso que se iniciaron este tipo de situaciones en contra, insisto, de quien hemos sido voz crítica”.
La dirigente partidista añadió que actualmente se encuentra fuera de actividades públicas mientras se aclara su situación jurídica.
“Me encuentro bien, pero estoy resguardada hasta que no se esclarezcan los hechos”, dijo al cierre del mensaje, donde también expresó:
“Ni un paso atrás, compañeras y compañeros”.
Antes de la difusión del video, la diputada local de Morena, Gabriela López Torres, fue una de las primeras integrantes del partido en referirse públicamente a la ausencia de Herrera Hernández durante una reunión interna de organización realizada el sábado.
“Nos faltó la secretaria de formación política de nuestro movimiento, y es a causa de la persecución que desde diciembre de 2025 ha iniciado el Estado contra ella, por ser una voz crítica y por no mostrarse servil al oficialismo”, publicó en redes sociales.
La legisladora también cuestionó el tipo penal aprobado en diciembre pasado relacionado con inteligencia artificial y que existen voces disidentes que estarían siendo perseguidas bajo esa figura jurídica.
Posteriormente, comenzaron a aparecer otros posicionamientos de respaldo de algunos morenistas, entre ellos fue el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Elí César Cervantes, quien manifestó “plena y total solidaridad” con Herrera Hernández y que la orden de aprehensión en su contra busca “limitar su voz, además de disminuir su presencia en el trabajo político social que realiza y que muchos reconocemos”.
También el secretario general de Morena en San Luis Potosí, José Grimaldo, compartió un mensaje breve de respaldo a Herrera Hernández a través de redes sociales.
Más tarde, tres de los cuatro diputados federales de Morena por San Luis Potosí —Aremy Velazco, Briceyda García Antonio y Gabino Morales— difundieron un posicionamiento conjunto en el que expresaron su solidaridad a Roxana Herrera Hernández y solicitaron que cualquier procedimiento relacionado con su situación jurídica se conduzca “con absoluta transparencia, apego a derecho y celeridad”.
En el documento señalaron además que permanecerán “atentos y vigilantes” al desarrollo de las investigaciones y reiteraron su compromiso con “la legalidad, el fortalecimiento de las instituciones y la integridad de quienes forman parte de este proyecto de transformación”.
Los posicionamientos ocurrieron mientras escala la controversia por la llamada Ley Serrano, reforma al artículo 187 Ter del Código Penal utilizada recientemente por la Fiscalía General del Estado en investigaciones relacionadas con presunta manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial.
La situación se intensificó tras la difusión de un oficio atribuido a la Fiscalía fechado en diciembre de 2025, en el que se solicita la individualización y localización de diversas personas, entre ellas Roxana Herrera Hernández.
Organizaciones como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas han advertido posibles actos de persecución y criminalización contra comunicadores y perfiles críticos del gobierno estatal.
Hasta ahora no existe claridad pública sobre si todas las personas mencionadas en dichos documentos enfrentan investigaciones por los mismos delitos o dentro de las mismas carpetas, ya que mientras algunas detenciones fueron informadas oficialmente por presuntos hechos relacionados con el uso de inteligencia artificial, el oficio difundido hace referencia a posibles conductas distintas vinculadas al ejercicio ilícito de funciones públicas.
La Ley Serrano enfrenta además una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En su impugnación, el organismo advirtió que la reforma contiene conceptos ambiguos que podrían afectar la libertad de expresión y generar riesgos para periodistas, personas defensoras de derechos humanos, entre otros.
