Estela Ambriz Delgado
Ejidatarios de San José de los Guajes buscarán impugnar un acta de asamblea que aseguran fue manipulada para aceptar un acuerdo de 50 pesos el metro cuadrado por la expropiación sus tierras de uso común para el proyecto carretero Entronque 75 –D Matehuala, ya que el precio les parece injusto, dado que carecen de obra social desde hace décadas y temen más afectaciones al medio ambiente y fuentes de agua.
Los ejidatarios, junto con su abogada, denunciaron en una rueda de prensa en la cabecera municipal de Matehuala que, desde un inicio, la constructora empezó a trabajar sin permisos para abrir brechas. Comenzaron con un ecocidio de las especies de flora nativas, así como lo hicieron en otros ejidos, además de que no se les ha dicho sobre los perjuicios que ocasionará al ejido.
Ante la situación que prevalece en San José, con el comisariado ejidal actuando a favor de la empresa, acudieron a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para poner en conocimiento a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y se recurrió a las representaciones estatales de la Secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano (Sedatu), el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA), y el Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Su representante jurídico manifestó que les pagan un bajo costo por la expropiación de sus tierras y la persona encargada de hacer esta negociación, identificada como la licenciada Aidé, quien dijo ser enlace entre el Gobierno del Estado y la empresa, actuó de forma contraria a la ley al tratar con el presidente del comisariado, Pedro García Mata.
Indicó que se llevó a cabo una asamblea irregular, pues no fue convocada conforme a la ley ni se cumplió con el quórum necesario para tomar acuerdos, en la que se llevó a un notario para hacer firmar a los ejidatarios, a quienes el enlace engañó diciéndoles que les darán 50 millones de pesos, para en el acta poner que es el costo de 50 pesos por metro cuadrado, dando un total de 40 millones.
Destacó que los ejidatarios en su mayoría son personas de la tercera edad, y el presidente del comisariado ha dejado en claro que el trato tiene que hacerse con ellos, y no quiere que se involucren los hijos e hijas, con la finalidad de realizar actos ilícitos.
Asimismo, se indicó que hasta que los ejidatarios se inconformaron y pidieron la asesoría para gestionar ante las diversas instancias, es que la empresa afirmó que dará beneficios de obra social, cuando anteriormente se los negaron. En una reunión con la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras asociada a Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), les solicitaron 300 pesos por metro cuadrado para poder negociar.
La corrupción del comisariado y sus cómplices
Derivado del acuerdo de asamblea, se depositaron 40 millones de pesos a una cuenta que se abrió a nombre de García Mata y el tesorero, pero que el presidente decidió arbitrariamente a quien darle su cheque y la cantidad, además de que hay personal del banco de BBVA que retiran 3 mil 500 pesos cuando acuden a cobrarlo y lo redirigen a otra cuenta del comisariado.
Ante todas estas situaciones, la abogada de los afectados informó que se impugnará el acta de asamblea, dadas las diversas irregularidades que presenta como no cumplir el quórum para tomar acuerdos.
Enfatizó que la asamblea estuvo manipulada por la licenciada Aidé quien, al presentarse ante los ejidatarios como enlace, dio la falsa sensación de seguridad, lo que aprovechó para hacer creer a la gente que les darían 50 millones de pesos cuando realmente les pagan 50 pesos el metro cuadrado.
“Cuando les dijo que la negociación era entre 35 y 90, entonces porqué llegar a 50, ella se salía supuestamente a hablar por teléfono para que le autorizarán más, cuando ahí en el poblado no hay señal (…) se ha burlado de la gente”.
Además, hizo mención de que también se encuentra involucrado personal de la Procuraduría Agraria al posibilitar la llegada de García Mata a la presidencia del comisariado, sumado a que estuvieron presentes en las asambleas. Pese a que debían de explicara a los ejidatarios sus derechos y si realmente les convenía ese precio, no lo hicieron y permanecieron callados, aunque se les hacían preguntas directas.
Por ello se interpuso una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, que ya fue turnada al órgano de control interno de la PA, en relación al actuar de los servidores públicos de nombre Rosa Idalia y Gaspar.
La exigencia de una negociación justa
El ejidatario José Guadalupe Quiroz Tovar manifestó que no se oponen al proyecto carretero, siempre y cuando se haga apegado a derecho y de manera justa, lo que no ha ocurrido desde un inicio, ya que no se les ha informado puntualmente del proyecto.
“Desde un principio han venido a hacer cosas que no han explicado a la asamblea general del procedimiento, por ejemplo, de la ocupación previa no nos dijeron nada; hubo gente trabajando en esa área y nunca nos notificaron de la empresa. La licenciada Aidé nunca nos dijo bien quién era ella ni presentó un proyecto, se le pidió información en su momento y nunca se identificó (…); desde un principio todo está en una forma arbitraria que no va y no respeta la ley”.
Por su parte, Francisco Gallegos Quiroz destacó que desde la década de los 90 no ha habido obras sociales importantes en sus comunidades, sino que están olvidados, no tienen carreteras, agua potable, y sólo en el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador hubo obras en sus escuelas.
“Ahora quieren construir una carretera privada, de lujo, a la cual nos dicen que no vamos a tener acceso porque vamos a provocar accidentes en la carretera y la aseguradora no permite eso. Entonces creemos que a parte del pago por la carretera debe haber obra social para la gente que no recibe dinero (…) hay muchas necesidades que no atienden los gobiernos, ahora que quieren construir su carretera no quieren pagar lo que corresponde … estamos de acuerdo, pero que paguen lo justo”.
Asimismo, los ejidatarios expresaron que esta situación ya afecta al poblado con división, a lo que se suma los daños que ya se causaron y que podrían continuar hacia el medio ambiente y fuentes de agua, con lo que afectarían tanto a los habitantes como a la fauna que baja en época de sequía para beber en estanques.
“El ecocido que ya están llevando a cabo va a ser muy catastrófico para el ejido (…) las acequias, los correderos de agua van a modificar hasta la llegada de agua de lluvia que llega a la comunidad de San Antonio de las Barrancas. Cuando no hay agua en la sierra, animales como gato montés, venado, víbora, caballos bajan por agua al centro del rancho de San Antonio de las Barracas ¿Ahora cómo van a hacer para cruzar la carretera para ir por agua?”.
