Por Victoriano Martínez

José Luis Ramiro Castillo, como abogado de la Coordinación General de Defensoría Pública, estuvo comisionado en 2016 a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y, por azares del destino, lo asignaron como asesor jurídico de las dos partes en un conflicto judicial.

El 4 de septiembre de 2016, la familia Sánchez Soto enfrentó un asalto a su vivienda, en la que sólo se encontraba uno de sus integrantes de nombre Miguel, quien al confrontar los asaltantes el atraco se volvió violento, hubo detonaciones de arma de fuego y uno de los asaltantes murió.

Al día siguiente los asaltantes presentaron una denuncia, en tanto que Ángel Sánchez Soto, hermano de Miguel, también acudió al Ministerio Público a presentar la denuncia por el robo de pantallas de plasma y dinero, además de que quemaron un vehículo que se encontraba en la cochera de su casa.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas asignó como asesor legal en ambas denuncias a Ramiro Castillo, cuya actuación parcial quitó el carácter de víctima a Ángel Sánchez Soto, quien recurrió a un amparo, el número 1136/2018, que se le concedió el 18 de enero de 2019.

Ángel Sánchez Soto presentó entonces una queja ante la Contraloría General del Estado por la mala actuación del abogado, ya que además perdieron la posibilidad de una defensa adecuada para su hermano Miguel, quien sigue preso en el reclusorio de La Pila.

A más de un año de la queja, la Contraloría Estatal emitió una resolución en la que señala que su investigación demostró la existencia de elementos que constituyen falta administrativa, por la que procede una sanción en contra del funcionario.

“Se impone al ciudadano José Luis Ramiro Castillo (…) la sanción (…) consistente en suspensión del empleo, cargo o comisión por el periodo de diez días”, señaló la Contraloría en el punto cuarto de su resolución.

“Este castigo es una burla para mí y la ciudadanía. Diez días le dieron de castigo al muy descarado y cínico. Esta contraloría general no sirve para nada para el ciudadano, sirve para los servidores públicos que hacen las cosas mal”, expresó Ángel Sánchez Soto cuando se enteró de la resolución de la Contraloría que aún no le ha sido notificada oficialmente.

Lamentó que la Contraloría General del Estado se dedique a defender a los malos servidores públicos, como le tocó constatar personalmente lo que ya le habían comentado otras víctimas.

“Fueron dos largos años en que estuve luchando para que se castigará a este licenciado José Luis, y mire con que pendejadas me salieron. Y mi hermano aún está preso, a pesar de que el licenciado ya confesó haber hecho las cosas mal, ¿y el daño que le hizo a mi familia dónde queda?”, cuestionó.

Ángel Sánchez Soto también presentó quejas en contra de dos agentes del ministerio público que contribuyeron a que perdiera su carácter de víctima, cuya investigación sigue pendiente en la Contraloría General del Estado.

“La verdad ya ni le quisiera seguir por qué tal vez los encuentren culpables y les den unos cinco días de castigo y, pues así no dan ganas de seguirme desgastando económicamente y moralmente. ¡Que mal estamos!”, expresó.

Consideró que ante la búsqueda de justicia, los ciudadanos se topan con estas situaciones que sólo provocan que los servidores públicos hagan lo que les da la gana porque saben que los defenderá la Contraloría General, y no pasa nada.

“Deberían de darles un castigo ejemplar para que no se les haga fácil a los demás servidores públicos andar haciendo cosas malas”, dijo.