Fernanda Durán
El proyecto de resolución del Recurso de Reclamación 43/2025-CA, elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, propone declarar infundado el recurso interpuesto por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y confirmar el desechamiento de la controversia constitucional 178/2025, promovida originalmente contra el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y el Congreso del Estado.
De acuerdo con el documento, tras el análisis la ponencia concluye que la universidad carece de legitimación procesal activa para promover una controversia constitucional, al no ser un órgano constitucional autónomo, sino un organismo descentralizado con autonomía especial para su régimen interior.
El proyecto sostiene que, aunque la UASLP goza de autogobierno y libertad académica, sus facultades derivan de una autonomía administrativa y no de una naturaleza equiparable a la de órganos como la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) o la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los cuales están expresamente reconocidos en la Constitución local.
La ponencia cita jurisprudencia del propio Pleno para reiterar que las universidades públicas no pueden ser consideradas órganos constitucionales autónomos, ya que no están establecidas directamente en la Constitución Política de México ni cumplen con las notas de independencia funcional y financiera que caracterizan a dichos entes.
La UASLP promovió la controversia constitucional en junio pasado, al argumentar que el IFSE había invadido la competencia de su Contraloría Interna al pretender auditar los recursos propios de la institución, como cuotas estudiantiles, rentas y servicios. Sin embargo, el 14 de agosto la ministra Loretta Ortiz Ahlf desechó la demanda por considerarla notoriamente improcedente.
La universidad impugnó esa decisión mediante un recurso de reclamación, admitido el 9 de septiembre, que ahora será sometido a votación del Pleno.
El proyecto que se discutirá este jueves 23 de octubre mantiene el sentido del fallo original: no reconocer a la UASLP la calidad de órgano constitucional autónomo y, en consecuencia, negar su facultad para promover medios de control constitucional.
De aprobarse el proyecto, el expediente sería archivado como asunto concluido, con lo que indirectamente se podría mantener firme la facultad del IFSE para fiscalizar los ingresos autogenerados de la universidad, al confirmarse la improcedencia del medio de defensa promovido por la UASLP.
Este caso se enmarca en la controversia pública entre la UASLP y el IFSE, que desde 2023 ha derivado en amparos, juicios de nulidad y resoluciones desechadas, mientras el órgano fiscalizador mantiene observaciones por más de 600 millones de pesos correspondientes a la cuenta pública 2023 y ha advertido que el asunto podría judicializarse en los próximos meses.
