Se estancó compraventa de terreno entre el Ayuntamiento de SLP y ejido

Al no cumplir con lo pactado, el Ayuntamiento puede rescindir el contrato y obligar al ejido a devolver lo que ya le fue pagado.

María Ruiz

Hasta el día de hoy el Ayuntamiento de San Luis Potosí ha pagado 4 de 12 millones de pesos al ejido Rancho Viejo La Libertad por la compra del terreno donde se construyó el puente del bulevar Antonio Rocha Cordero; un proceso que debió concretarse el pasado 31 de diciembre de 2022, según el contrato de promesa de compra venta que firmaron ambas partes, sin embargo, no se han realizado más pagos y las autoridades guardan silencio al respecto.

Astrolabio Diario Digital buscó al alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, y a los síndicos, Víctor Salgado Delgadillo y Maribel Lemoine Loredo, para cuestionarlos al respecto, sin embargo, los tres evadieron las preguntas y mencionaron no tener la certeza de qué había pasado, por lo que ninguno quiso aclarar el estado actual del proceso de compra venta de este terreno.

Ambos síndicos aseguraron no tener ninguna información al respecto, a pesar de que una de sus atribuciones dentro de este Gobierno Municipal es vigilar la gestión y administración correcta del recurso público.

La cláusula quinta del contrato de promesa de compraventa que firmó el Ayuntamiento con el ejido Rancho Viejo La Libertad el 20 de julio de 2022, estipula que la administración de Enrique Galindo entregará al ejido los 12 millones de pesos divididos en cuatro pagos.

El primero de ellos, el cual se realizó el 22 de septiembre del año pasado a nombre de Juana Cerda Morales, fue por 4 millones de pesos, como garantía de cumplimiento de su promesa de adquirir este terreno; el segundo pago por 2 millones de pesos se realizaría una vez que el ejido convocara a una asamblea y cambiara el destino del terreno de tierras de uso común a zona parcelada.

El tercer pago por otros 2 millones de pesos se debió realizar una vez que el ejido hiciera la venta de tierras al Ayuntamiento y se inscribieran ante el Registro Agrario Nacional.

El último pago, por 4 millones de pesos, se entregaría una vez que se celebrara el contrato de compraventa definitivo entre el Ayuntamiento y el ejido.

El contrato firmado también estipula que después del 31 de diciembre de 2022 por cada día que el ejido no cumpla con lo pactado, será penalizado diariamente con 50 mil pesos, cantidad que se descontará del pago total.

Para el 10 de junio de 2023 las penas ya alcanzaron el pago total de 12 millones de pesos que el Ayuntamiento debió hacer al ejido, por lo que según el contrato, ya no existe una cantidad por pagar.

La cláusula décima del contrato dice que si el ejido incumple con sus obligaciones para formalizar la venta, el Ayuntamiento podrá rescindir el contrato sin necesidad de declaración judicial. En ese caso, el ejido estará obligado a devolver al Gobierno Municipal todo el dinero que este le haya pagado a la tesorera, Juana Cerda Morales, a quien le hicieron el primer depósito por 4 millones de pesos.

La compra de este terreno al ejido Rancho Viejo La Libertad por 12 millones de pesos fue aprobada en Cabildo el 31 de agosto del año pasado, como reparación de daño por la construcción de un puente en el bulevar Antonio Rocha Cordero durante la administración de Xavier Nava Palacios, el cual supuestamente invadía sus tierras.

No obstante, cuando este dictamen se votó, el asunto aún se encontraba en litigio y no se había acreditado la propiedad para los ejidatarios, quienes a la firma de este contrato de compraventa desistieron del juicio y el Juzgado sobreseyó el asunto.

Este litigio se originó desde el 20 de abril de 2020 cuando ejidatarios de Rancho Viejo La Libertad promovieron el amparo 228/2020, señalando como responsables al Gobierno del Estado, al Ayuntamiento de San Luis Potosí, a la Junta Estatal de Caminos y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la supuesta obstrucción y privación de sus tierras, para la construcción de este puente vehicular.

El amparo provocó la suspensión de la obra por parte del Juzgado, sin embargo, esta continuó llevándose a cabo, lo que derivó en que el Congreso del Estado inhabilitó de la función pública a Xavier Nava Palacios durante 18 años, así como a algunos regidores que integraron su Cabildo.

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