Imagen tomada del Facebook de Ciudadanos Observando.

Redacción

En los formatos que por ley deben hacerse públicos cada mes a través de la Plataforma Estatal de Transparencia, funcionarios del Gobierno del Estado han reportado ingresos menores a los que en realidad perciben, según sus declaraciones patrimoniales, denunció la organización Ciudadanos Observando.

La agrupación puso como ejemplo los casos del secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías; el subsecretario de Gobernación, Aureliano Gama Basarte, y el subsecretario de Enlace Institucional, Juan Ramón Nieto Navarro, cuyas percepciones mensuales no coinciden con la suma total anual de sus ingresos como funcionarios.

De acuerdo con el último reporte de remuneraciones brutas y netas publicado en la Plataforma Estatal de Transparencia, Alejandro Leal Tovías tiene un sueldo neto de 31 mil 649 pesos mensuales, a los que, aún y sumándoles diversas prestaciones como los 52 mil 112 pesos que recibe al año por concepto de prima vacacional, los 91 mil 196 pesos de aguinaldo y los 52 mil 112 que también recibe como “bono de equilibrio salarial”, no alcanzan a cubrir el millón 719 mil 649 pesos que reportó como ingreso anual en su declaración patrimonial.

En la misma situación se encuentra Juan Ramón Nieto Navarro quien, según su declaración patrimonial, obtuvo, a lo largo de 2018, ingresos por un millón 199 mil 67 pesos derivado de su cargo; sin embargo, aparece en el tabulador con un sueldo de 31 mil 470 pesos con 72 centavos al mes. 

En el tabulador también se observa que el subsecretario de Gobernación percibe una remuneración mensual de 31 mil 470 pesos con 72 centavos, pero en su declaración patrimonial dio a conocer que sus ingresos anuales por desempeñar el cargo fueron de un millón 356 mil 976 pesos, una diferencia de 74 mil pesos mensuales, restando los 90 mil 600 pesos que recibió como aguinaldo.

Ciudadanos Observando destacó la negativa del subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, Hugo Ulises Valencia, quien se negó a hacer públicas sus declaraciones patrimonial y de intereses, por lo que consideraron que el Gobierno del Estado “mantiene la misma opacidad heredada por la administración de Fernando Toranzo Fernández” y que, al comparar los documentos, es evidente el “engaño y la simulación” en los datos.