Estela Ambriz Delgado
A pesar de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tenía conocimiento del riesgo inminente de despojo en la comunidad tének La Peña en el municipio de Tampamolón, y que se comprometió a asesorarlos para promover la prescripción adquisitiva, así como a solicitar a la Secretaría de Gobernación que interviniera para prevenir un escalamiento en el conflicto, no actuó a tiempo.
De acuerdo con una minuta de la dependencia sobre una reunión con la Organización Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) el pasado 12 de mayo, se manifestó que la comunidad tének solicitaba asesoría, toda vez que habían sido amenazados con despojarlos de su superficie de 200 hectáreas que han tenido en posesión.
Asimismo, en el documento se precisa que la Procuraduría Agraria (PA) comentó que son 165 hectáreas en el régimen de propiedad privada, por lo que no se ajustó a los lineamientos del PADCA; y por su parte, la CIOAC señaló contar con antecedentes de trámite en el entonces COSOMER, y que incluso existieron avalúos que no llegaron a buen puerto, por lo que en atención previa con la PA se había acordado en realizar demandas agrarias, pero no se concluyó esa asesoría y representación.
De igual forma, se indica que el ingeniero Ovalle relata a manera de antecedentes que esa superficie es propiedad privada, la cual se dejó en garantía de créditos que se dejaron de pagar, por lo que los bancos los recuperaron. Los propietarios abandonaron la superficie y dejaron a los peones que trabajaran la tierra.
Aunque estos solicitaron la tierra a su favor y se avanzó en los trámites con la Sedatu, el trámite no llegó a buen puerto y por ello solicitaron que se retomara, dado que advirtieron que recientemente se presentó un supuesto “propietario” que amenazaba con despojarlos e intentó amedrentar a los habitantes.
Por su parte, la CIOAC puntualizó en esta reunión que el grupo de La Peña son comunidades indígenas que han mantenido la posesión de manera continúa y pacífica, por lo que solicitaron a la Sedatu contar con la asesoría de la PA para resolver el conflicto y obtener la certeza de la tierra.
Ante esto, en la minuta se encuentra plasmado que la Dirección General de Vinculación del Sector Agrario (DGVSA) de la dependencia asumió el compromiso de solicitar a la Secretaría de Gobernación interviniera en el asunto, para proveer la seguridad en el predio.
Sin embargo, como lo demuestra el violento desalojo que realizaron el día de ayer civiles armados y elementos de la Guardia Civil Estatal, que derivó en agresiones y la detención de cinco hombres y una mujer, esto no sucedió.
Además, en el documento se acordó que la PA se comprometía a brindar asesoría a los habitantes de La Peña para promover la prescripción adquisitiva con las instancias que corresponda, así como que la DGVSA solicitaría a la SEGOB la intervención en el predio a fin de prevenir el escalamiento del conflicto existente.
