Estela Ambriz Delgado
La titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Sonia Mendoza Díaz, evitó emitir algún posicionamiento respecto al resolutivo emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el que niega el trámite de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) al proyecto “Banco de Materiales Castillos”, en el ejido Corcovada del municipio de Villa Hidalgo.
Al término de la firma de un convenio de colaboración entre la Segam y la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) para el diseño de micrositios y digitalización de información, se cuestionó a la funcionaria sobre el análisis y resolución de la Semarnat sobre el proyecto extractivista dado a conocer en días pasados por Astrolabio, pero prefirió no dar su opinión al respecto.
“En ese tema yo lo único que te puedo decir es que el área de competencia es de la Federación, desconozco el por qué se haya negado, es un tema que le atañe únicamente a la Federación”.
Si bien el análisis y el resolutivo fueron competencia de la representación estatal de la Semarnat, no pasa por alto que el Gobierno del Estado intervino en el asunto desde octubre de 2024, como lo afirman ejidatarios de Corcovada, quienes estuvieron presentes en reuniones con el director Minería del Estado, Javier Muñoz Quintana, en las que este pretendía intervenir a favor de CEMAT Construction, una de las empresas que ha presionando, hostigado y creado conflictos entre los pobladores del ejido para despojarlos de sus tierras de uso común.
Luego de que Astrolabio diera a conocer lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) emitió un comunicado en el mes de abril en el que se deslindó del asunto al señalar que la autorización del proyecto era responsabilidad federal. No obstante, se indicó también que la empresa asociada al conglomerado de Grupo Salinas del empresario Ricardo Salinas Pliego pretendía desarrollar un proyecto industrial vinculado a la producción de cemento.
Se destacó que se contemplaba un desarrollo a tres años, con una inversión de 8 mil 030 millones 400 mil pesos, y una supuesta generación de hasta 2 mil empleos directos en distintas fases del proyecto.
Asimismo, en aquel momento el titular de la Sedeco, Jesús Salvador González Martínez, manifestó que la empresa negociaba con las y los ejidatarios la posible adquisición de 500 hectáreas; en caso de concretarse la transacción, la Secretaría de Economía sería la responsable de otorgar la concesión para la explotación del yacimiento, junto contras dependencias, con lo que se intentó justificar la presencia de Muñoz Quintana.
Respecto a otras empresas en la entidad que hayan presentado irregularidades en su autorización u operación, Mendoza Díaz informó que la dirección de inspección de la Segam realiza visitas de manera permanente para ver que se cumpla con la normatividad, ya que en caso contrario son acreedores a suspensiones o clausuras definitivas, por lo que invita a la industria con problemáticas ambientales a que regularicen su situación.
“Diario clausuramos rellenos sanitarios, también estamos revisando que los bancos de materiales estén regularizados, los chatarreros que tienen manejo de residuos urbanos. Estamos invitándolos a que se regularicen y poder evitar multas que pueden ser bastante onerosas”.
