Estela Ambriz Delgado
Comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos, Tierra Blanca y San Miguelito, han sufrido hostigamiento y segregación en las asambleas comunales tras la difusión del audio en el que empresarios inmobiliarios hablan sobre una estrategia para lograr la anulación del decreto que protege la Sierra de San Miguelito.
El comunero Jesús Zúñiga compartió un video en donde se observa a un grupo de aproximadamente 15 comuneros, uno de ellos de la tercera edad que inclusive se sienta en la banqueta a esperar afuera del salón comunal que permanece cerrado, y desde su interior se asoma por una pequeña puerta el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Andrés Cruz Campos, a quien le exige les permita entrar a la asamblea que se llevaba a cabo el pasado 4 de julio.
“Esto es anticonstitucional, todos los señores que están aquí son comuneros titulares, tú como representante les debes de abrir”.
Jesús Zúñiga expresó que en San Juan de Guadalupe así es la corrupción, y que todo lo que ha sucedido es a consecuencia de que algunos quieren vender las tierras para beneficiar a los “grandes ricos de toda la vida”, y para lograrlo han violentado los derechos de los comuneros titulares.
“Están violando los derechos de los comuneros titulares que están aquí presentes, no son uno ni dos, aquí hay mucha gente que tiene sus parcelas y de manera anticonstitucional no los están dejando entrar, siendo que el salón es de todos los comuneros”.
Por otra parte, abogados integrantes del colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito informaron que hay una persecución contra los comuneros inconformes con la integración del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia, por lo que se preparan en caso de que se les pretendan abrir carpetas de investigación, pues se percibe hay gran temor de los empresarios, quienes pretenden arrasar con el movimiento que ha solicitado la remoción de todos los integrantes a la Procuraduría Agraria.
El pasado 21 de junio, la comunera María Amalia Pérez Campos denunció haber recibido amenazas por parte de personal de seguridad que dijo estar contratado por uno de los empresarios de Grupo Cañadas, mientras ella y otros habitantes se manifestaban en las inmediaciones del terreno en litigio denominado “La Tiendita”, además de que ella y otra persona también recibieron amenazas vía telefónica.
