María Ruiz
Ante el cierre de año, el titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara Azuara, hizo un llamado al Congreso del Estado para revisar y fortalecer la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, específicamente en lo relacionado con las sanciones por tala y protección del arbolado urbano, al considerar que las medidas actuales son insuficientes y no inhiben las conductas que dañan el patrimonio ambiental de la ciudad.
En entrevista, el funcionario aclaró que su postura no busca modificar de manera general toda la legislación, sino impulsar ajustes puntuales dentro de la Ley Ambiental estatal en lo que compete a Servicios Municipales, particularmente en tres áreas: cementerios, alumbrado y parques, siendo esta última la de mayor interés por su relación directa con la reforestación y el cuidado de los árboles.
Azuara Azuara señaló que, aunque las sanciones por tala que aplica su dependencia son pocas, el problema principal radica en la poda severa, una práctica frecuente en la capital potosina que no fue actualizada en la normativa vigente.
Subrayó que no se trata de afectar a la población ni de un fin recaudatorio.
“Si fuera un tema de recaudación, hablaríamos de apenas entre seis y diez sanciones al año por tala; eso no representa un impacto real para la ciudadanía”.
Detalló que actualmente la autoridad ambiental cobra alrededor de 50 mil pesos por una tala ilegal, mientras que Servicios Municipales solo puede aplicar sanciones de 300 a 400 pesos, lo que genera una gran disparidad.
“Lo único que estoy pidiendo es que el valor de un árbol sea el mismo dentro y fuera; que exista un criterio homologado en la Ley Ambiental del Estado”, enfatizó.
Asimismo, destacó la propuesta de integrar en la ley un nuevo esquema de protección para los árboles patrimonio de San Luis Potosí, con un padrón de 100 ejemplares que, por su valor ambiental, histórico y social, deberían contar con sanciones severas en caso de daño o tala.
“No tendríamos que sancionar si se respetara el arbolado. No es ocurrencia ni afán de cobrar más, es un tema de protección”, recalcó.
El director sostuvo que la debilidad de las sanciones actuales en la Ley Ambiental estatal ha provocado que algunos desarrolladores y constructores sigan incurriendo en talas ilegales.
“Definitivamente siguen haciéndolo porque la sanción no es impactante; incluso me han dicho que les conviene más talar que modificar su obra”, afirmó.
Finalmente, Azuara Azuara reiteró su disposición para que el Congreso del Estado analice el poder realizar modificaciones a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, incluso mediante mesas de trabajo, en las que pueda explicar estudios técnicos —realizados con una universidad de Estados Unidos— sobre el impacto positivo del arbolado patrimonio en la calidad de vida y el medio ambiente.
“No se trata de castigar a la mayoría, sino de sancionar a quienes no respetan hoy el arbolado y siguen dañando un patrimonio que es de todos”, concluyó.
