Astrolabio

Marcela González

El día de hoy, 19 de agosto, se vinculó a proceso a Javier “N”, servidor público de la Quinta Sala Penal del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí por una denuncia por violencia familiar interpuesta por su ex pareja, Gio, una joven de 23 años que sufrió tres años y medio de violencia psicológica, económica, sexual y física. 

Es el primer proceso que Javier enfrenta, pero, anteriormente, se presentaron tres denuncias penales en su contra: una por lesiones, presentada por un colega del Poder Judicial; y dos por violencia familiar, presentadas por la ex esposa de Javier y otra por Gio.  

Tras estos hechos, expuestos públicamente, varias mujeres feministas en el estado tienen la interrogante de si es posible la  destitución de Javier a sus cargo público. Pero, de ser así ¿es necesario?.

Lamentablemente, para que se lleve a cabo la destitución del puesto necesitan ser hechos que incurran en responsabilidad frente al Estado, es decir, que tengan que ver con su cargo público. Sin embargo, es posible solicitar al presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del estado, Juan Paulo Almazán Cué, que realice una interpretación para la destitución.

Para el equipo que asesoras y acompañantes en el proceso de Gio es necesaria la destitución, por lo siguiente:   

En la Ley General de Víctimas se establece la igualdad procesal para las dos partes. En este caso, Gio se encuentra en desventaja porque Javier es funcionario público que, además, trabaja en una institución impartidora de justicia. Por lo tanto, existe una desigualdad procesal. Además, es importante recordar que en San Luis Potosí, desde el 21 de junio del 2017, se activó la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVGM), por lo tanto existe el llamado a la cero tolerancia de la violencia contra la mujer. 

La única persona capacitada para destituir de su cargo a Javier es Juan Pablo Almanza Cué. 

En las últimas 36 horas se han sumado dos feminicidios en la capital. Retomando los objetivos de la  AVGM, el Estado está obligado a proporcionar seguridad a las mujeres y niñas, además de garantizar el cese de violencia en su contra.   

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