Estela Ambriz Delgado
Rogel Del Rosal Valladares, de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, AC. (COCIHP), denunció que Servidores de la Nación han intentado presionar a las comunidades para que acepten técnicos, arquitectos, o ingenieros que ellos llevan para realizar las obras del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).
En entrevista, detalló que en algunos casos pretenden que estos perfiles prácticamente se hagan cargo de toda la obra y la compra de los materiales, lo que está impedido por parte de las propias reglas de operación del programa y viola el derecho de las comunidades a poder acordar con libertad a qué proveedores seleccionar y también el ejercicio de los propios recursos.
Señaló que, si fuera necesario, tienen derecho seleccionar a la asesoría técnica que se requiera, pero no es indispensable en todos los casos, pues prácticamente todas las comunidades indígenas cuentan con personal con capacidades para poder realizar obras de infraestructura.
“Hay capacidad para hacer depósitos de agua, pavimentación de calles, o construcción incluso de algunos edificios, pero les han hecho o tratan de hacer creer que es necesario sea un ingeniero con cédula profesional a quien deben de contratar para realizar estas obras”.
Del Rosal manifestó que en muchos casos las comunidades han rechazado la pretendida imposición, pues incluso por parte de personal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) se ha aclarado que eso no es obligatorio.
Dado que la problemática se debe a una actuación indebida por parte del personal de la Secretaría del Bienestar, autoridades del municipio de Xilitla acordaron dirigir un escrito a la titular de la dependencia a nivel federal, Ariadna Montiel, para que, de acuerdo con sus facultades, pueda hacer una reestructuración del personal que labora en ese municipio.
Sin embargo, esta situación no sólo se da en Xilitla, sino que es un problema generalizado que se ha dado en distintos municipios como en Tampacán, Tancanhuitz, Axtla de Terrazas, Tanlajás, y Aquismón.
“Si eso sucede en donde directamente tenemos relación, seguramente pasa en todos los demás, porque de hecho es una practica que se ha realizado en otros programas como La escuela es nuestra”, señaló el activista.
Señaló finalmente que la situación es perjudicial, porque debilita el desarrollo de capacidades de las propias comunidades, violenta el derecho a su libre determinación y autonomía, dado que ahora ya tienen reconocimiento como sujetos de derecho público, como si fuera un cuarto nivel de gobierno.
