Alejandro Rubín de Celis
Los escándalos en el Congreso del Estado tuvieron solo un impasse con las vacaciones de que gozaron los diputados entre el primer y segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legislativo, pero en cuanto regresaron a sus actividades volvieron a sacar el cobre.
A la larga lista de excesos, ilegalidades y opacidad que mostraron en los primeros 15 meses de su gestión, que ya los equipara con la que fue considerada la peor legislatura de la historia ─la LXI, la de la Ecuación Corrupta─ se suma la resistencia de la mayoría de los congresistas a aprobar una Ley de Austeridad para San Luis Potosí promovida desde la sociedad civil, y otras linduras como pedir adelantos de salario que se pagan con recursos públicos.
Cómo olvidar la adquisición de 18 computadoras laptop en diciembre pasado destinadas a diputados que, junto con otro 18 equipos de escritorio canalizados a personal administrativo, tuvieron un costo de 391 mil 938 pesos. Y todos contentos con excepción de la diputada Beatriz Benavente quien consideró que fue un gasto innecesario y que si sus compañeros quieren ese tipo de equipos tienen ingresos más que suficientes ─104 mil 500 pesos al mes─ para comprarlos de su propio peculio.
Espléndidos como son con dinero que no es de ellos, se gastaron 324 mil pesos del presupuesto del Congreso en obsequios navideños para representantes de medios de comunicación y empleados del propio Poder Legislativo, y un total de 469 mil 383 pesos ─tan sólo en la capital del estado─ incluyendo la renta de espacios para las cenas navideñas y posadas organizadas para apapachar a empleados y periodistas.
Solo tres diputados renunciaron al seguro de gastos médicos mayores: la perredista María Isabel González Tovar, y los morenistas Marite Hernández y Edson Quintanar. Esa prerrogativa le costó en diciembre al Congreso del Estado 267 mil 173 pesos.
Tres botones de muestra de la insensibilidad y los excesos en que incurrieron, en un solo mes, nuestros flamantes representantes populares.
Ahora que reanudaron actividades este mes, se vieron obligados a retomar la iniciativa de Ley de Austeridad que desde hace casi un año presentó un grupo de jóvenes con el fin de acabar con los privilegios de la alta burocracia en los distintos niveles de gobierno y poderes del Estado, en consonancia con las medidas de austeridad implementadas por el nuevo gobierno federal.
Los legisladores panistas Rolando Hervert, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y José Antonio Zapata, presidente de la Comisión de Vigilancia ─una de las comisiones dictaminadoras de la propuesta─, han argumentado que la iniciativa de ley podría no cumplir con los requisitos mínimos para ser considerada como tal y se han quejado de que no proviene de la sociedad civil sino del partido Morena. Y si así fuera, ¿en qué afecta el espíritu de la propuesta? Y si la iniciativa no cumple con los requisitos mínimos, basta con pedir a los promotores que los cubran.
Argumentan además que los postulados de la iniciativa de marras ya están contenidos en otros ordenamientos, pero los promoventes aseguran que en esas normas el concepto de austeridad es muy abstracto y se requiere de una legislación clara y precisa en la materia. ¿Por qué si la austeridad está en distintas leyes y en la Constitución, la justicia no ha alcanzado a los despilfarradores diputados, alcaldes, gobernadores y secretarios que han pasado por la administración pública en la historia reciente?
Lo que está en el fondo del rechazo de la mayoría de los diputados, entre ellos también Mario Lárraga Delgado, del Partido Encuentro Social ─que ha declarado que 70 mil pesos que se proponen como ingreso para los congresistas no le alcanzan para solventar su estilo de vida─, es justamente que se niegan a perder sus prebendas, al tiempo que buscan proteger las de altos funcionarios de otros poderes y niveles de gobierno, por si más adelante les toca ocupar alguno de esos cargos.
Lo que propone proyecto de ley presentado por los jóvenes no es poca cosa: disminuir el gasto corriente y los altos sueldos de servidores públicos, cancelar la contratación de gastos médicos privados, restringir el uso de vehículos oficiales, limitar el número de viajes oficiales, eliminar aguinaldos y bonos a servidores públicos de elección popular, limitar el gasto en propaganda oficial. Esto para todas las entidades públicas del Estado.
Dicen los diputados que no están en contra de la austeridad, pero han dado amplias muestras de sus abusos y simulaciones. Además de los excesos ya descritos y otros anteriores, en enero del año pasado acordaron una reducción de apenas 10 por ciento de su sueldo, la cual aceptaron incluso los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia ─Morena, PT, PES─ que habían propuesto originalmente una reducción del 50 por ciento. Para compensar la disminución, el diputado Eugenio Govea operó en la Jucopo para que discrecionalmente se incrementara el sueldo de los asesores de los diputados y de ahí tomar la parte del sueldo que habían “sacrificado”. Nadie dijo nada hasta que la verdad salió a flote por una filtración.
Sólo la diputada Marite Hernández Correa ha manifestado que está de acuerdo en la propuesta de los jóvenes que la promueven y en impulsarla al interior de Congreso, así implique reducir el sueldo de los legisladores a 70 mil pesos.
Acabar con los excesos y privilegios de la alta burocracia es un reclamo de la sociedad al que esta legislatura no se debe sustraer. Pero sí lo puede hacer mediante apariencias y engaños ─como ha sido su costumbre cuando se trata de proteger intereses particulares─ y es ahí donde los promotores y la ciudadanía deben estar muy atentos para que no se rechace una ley que hace tanta falta en San Luis Potosí o que aprueben una norma con trampas para mantener sus canonjías.
