Sierra de San Miguelito, a dos años de la declaratoria de área protegida

Por Victoriano Martínez

Hoy se cumplen dos años de la publicación del decreto que declara Área de Protección de Flora y Fauna a la Sierra de San Miguelito (APFF-SSM), una victoria para el planeta (Jai Jagat) que, aunque reivindicó los derechos al agua y a un ambiente sano para los habitantes de la ciudad, aún enfrenta embates de depredadores inmobiliarios y otros que buscan anular la declaratoria.

A pesar de la trascendencia de la determinación, a nivel global y para la preservación de los servicios ambientales que presta la Sierra a los cuatro municipios que abarca, ninguna autoridad –ni las municipales ni la estatal– han anunciado alguna conmemoración y, peor aún, no han realizado ningún esfuerzo por difundir entre la población el conocimiento sobre esa protección ambiental.

Tan poco interés muestran en el tema que, a pesar de que desde agosto de 2021, cuatro meses antes de la declaratoria, se hizo público que en el libro de texto de tercero de primaria San Luis Potosí, la entidad donde vivo en un cuento ubicado en un futuro lejano se daba por hecho que no habría esa protección para la Sierra, el relato se mantiene incluso para el ciclo escolar 2023-2024.

“La Sierra se llenó de fraccionamientos”, se afirma en el cuento cual pronóstico de lo que ocurrirá. El decreto de APFF-SSM señala entre las actividades no permitidas la urbanización.

Es como si en la versión de ese libro de texto, responsabilidad del gobierno estatal, al enseñar a los niños la posibilidad de que en el futuro la Sierra será urbanizada, se planteara que la apuesta de las actuales autoridades es a que se anule el decreto para favorecer a los empresarios inmobiliarios, y por esa razón no difunden la calidad de área protegida que hoy tiene.

No es la única señal sobre la nula convicción de las autoridades estatales por contribuir a la protección de la Sierra de San Miguelito. Los embates a ejidos y comunidades por parte de distintos grupos empresariales se dan de diversas formas, y una de ellas es el cabildeo para obtener el apoyo de las autoridades para proyectos más alineados al desarrollo de fraccionamientos.

El 25 de septiembre, comuneras de San Juan de Guadalupe exigieron públicamente al gobernador Ricardo Gallardo Cardona dejar de apoyar proyectos que lo colocan del lado de los empresarios inmobiliarios como en los casos del Circuito Potosí y la Vía Alterna, acompañados de maniobras de los fraccionadores para apoderarse de tierras comunales con apoyo del gobierno estatal.

La reintegración de la concesión de Aguas del Poniente Potosino al Ayuntamiento capitalino, con un agradecimiento por parte del alcalde Enrique Galindo Ceballos por una inexistente generosidad del concesionario porque está obligado a la entrega del servicio una vez concluido el plazo de la concesión, también tiene su repercusión en esas maniobras para afectar la Sierra de San Miguelito.

Los Guardianes de la Sierra de San Miguelito no tienen duda de que tras el acuerdo que se firmó con Aguas del Poniente hubo compromisos que tienen que ver con la posibilidad de urbanizar zonas de contención del APFF-SSM, como en el caso de 54 hectáreas conocidas como Las Huertas, muy cerca de la presa de la Cañada del Lobo, pero también incluso tierras dentro del área protegida.

Los desarrolladores del Proyecto Las Cañadas, entre quienes figuran socios de Aguas del Poniente y quienes originalmente pretendían fraccionar 2 mil 69 hectáreas dentro de la Sierra, buscan aprovechar un resquicio que dejaron en los planes de desarrollo urbano aprobados por el Cabildo en abril de 2021: 600 hectáreas de las 2 mil 60 clasificadas urbanizables a unos meses de la declaratoria de APFF-SSM.

¿Hasta dónde hubo algún compromiso de las autoridades municipales para facilitar permisos, licencias y autorizaciones para urbanizar esas áreas, tanto de amortiguamiento como parte de la protegida? ¿Qué tanto podría afectar la vigencia del decreto de APFF-SSM al reconocer –con esas autorizaciones– presuntos derechos adquiridos previos a su publicación?

Gallardo Cardona y Galindo Ceballos deben una explicación pública tanto sobre apoyar proyectos favorables a los fraccionadores como para aclarar los compromisos tras bambalinas en la devolución de Aguas del Poniente por ese reiterado agradecimiento a la presunta generosidad de la empresa concesionaria que, por estar obligada a la entrega, sólo abre paso a la sospecha.

Una sospecha de confabulaciones empresarios-autoridades que se refuerza principalmente porque entre los comuneros afectados ya resienten nuevas presiones. Presiones que se replican, con variantes según el caso, en otros ejidos y comunidades.

En Mexquitic, en el Ejido Guadalupe Victoria otras dos familias de grandes empresarios reanudaron embates para apropiarse de parte de sus tierras para desarrollar fraccionamientos, además de proyectos que pretenden ser desarrollados en torno al Santuario de la Virgen del Desierto.

En Villa de Arriaga algunas empresas de producción de energía eólica han comenzado a buscar la forma de instalarse en terrenos de la APFF-SSM con las consecuencias negativas que en ese municipio ya han padecido.

En Villa de Reyes, el Ejido Rodrigo enfrenta presiones para aportar tierras a otro desarrollo inmobiliario, incluso con amenazas en contra de quienes están al frente de las autoridades ejidales, además de que también se afectarían partes de la APFF-SMM por el trazo del libramiento que también cruza el Ejido La Pila, además de afectar el Parque Nacional Gogorrón.

Presiones y maniobras posteriores a la reunión de empresarios y comuneros en la que se habló de una estrategia para anular el decreto de APFF-SSM que describen que la intención no ha cesado, con la sospecha de que es posible que se hayan incorporado autoridades estatales y municipales, cuyos inexistentes pronunciamientos y acciones a favor de esa protección parecen confirmar.

Embates en contra del decreto de protección ambiental para la Sierra de San Miguelito ante los que, a dos años, la falta del plan de manejo también resulta una mala señal en tanto se trata de un documento que reforzaría las medidas de protección ante ese acoso depredador empresarial que cabildea con autoridades que parecen dejarse seducir.

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