Alejandro Rubín de Celis

El tono de los pronunciamientos hechos por los titulares de la SEMARNAT, María Luisa Albores González, y de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández-Palacios Mirón, en la conferencia de prensa que ofrecieron el martes pasado junto con el gobernador Juan Manuel Carreras López, es un signo claro de que el gobierno federal está del lado de la preservación del medio ambiente y de la vida en sus distintas manifestaciones, y a favor de que sea la sociedad y no un grupo minoritario la que decida cuál debe ser el uso y destino de una porción de la Sierra de San Miguelito. 

Pero las dudas están en posibles maniobras entre empresarios y autoridades para propinar un madruguete y aprobar en próximos días el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y el de Desarrollo Urbano  de Centro de Población (PMDUCP), a pesar de que aún no se aprueba la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) federal.   

Para sorpresa de los desarrolladores inmobiliarios, del alcalde Xavier Nava Palacios, y del mandatario estatal, no hubo el esperado anuncio de la titular de la SEMARNAT respecto de la declaratoria oficial del ANP en la Sierra de San Miguelito (SSM) tan esperada por ellos para saber si quedaba excluida una parte de esa zona para poder concretar  destructivos proyectos urbanísticos.

Lo que hubo en los hechos ─al menos leído entre líneas─ es el refrendo del compromiso presidencial de que la Sierra de San Miguelito no se toca. De la pretendida urbanización de una parte de la sierra con el proyecto Cañadas por parte de un grupo de desarrolladores inmobiliarios, no hubo referencia alguna, si acaso el señalamiento de la secretaria Albores de que es necesario conjuntar los ordenamientos medioambientales con los territoriales y urbanos, y que sean “pensados y planeados desde la población”. La funcionaria también dejó en claro que a la vía alterna a la zona industrial, anunciada apenas un día antes en la mañanera de AMLO, le falta obtener autorizaciones oficiales.

“Los ordenamientos son instrumentos, su nombre lo dice, nos ordenan nuestros territorios. Y recordar que el territorio es el suelo, el agua, la flora y la fauna. Y, en ese territorio habitan las personas. Nosotros consideramos y creemos siempre poner al centro en esta Secretaría del Medio Ambiente al ser humano, a la persona, a la comunidad, al pueblo”, subrayó la funcionaria federal.

En un encuentro previo con representantes del gobierno federal en San Luis Potosí, otro  pronunciamiento de María Luisa Albores fue contundente: ““En la SEMARNAT estamos convencidos que la mejor estrategia para la defensa del medio ambiente es facilitar los procesos y las herramientas que permitan el empoderamiento de las comunidades y las personas para defender su territorio”. En concordancia con lo anterior, el titular de la Procuraduría Agraria refirió que ya se informa a 37 núcleos agrarios sobre el resultado del estudio de la UNAM que considera 109 mil hectáreas a proteger, y el anuncio para realizar en diciembre próximo una consulta pública donde todos los actores sociales que lo deseen participen y opinen sobre el futuro de la SSM.

Pero por experiencias anteriores ─la sierra se viene urbanizando desde los años 90 mediante el abuso a comuneros y ejidatarios y la depredación de la sierra con la complicidad de las autoridades─ los grupos ambientalistas no le tienen confianza a los empresarios y las autoridades municipales y estatales, y entre diversas acciones realizadas en semanas recientes entregaron sendos escritos a los regidores de Morena y del Partido Verde pidiéndoles que rechacen la aprobación del PMOTDU y del PMDUCP en lo que respecta a los proyectos de interés de los desarrolladores inmobiliarios, iniciar un juicio de responsabilidad contra el director del IMPLAN por distorsiones a la Consulta Pública que promovió ese organismo descentralizado del ayuntamiento y, en su caso, promover un juicio político contra los integrantes del Cabildo por la derogación ilegal del Área Natural de Protección al Paisaje y de Recarga y del Área Natural de Protección de la Cuenca Hidrológica, ambas de carácter municipal, que presuntamente no se mencionan en la versión final de los programas de desarrollo que se someterán a consideración de ese cuerpo edilicio.  

Ayer, activistas en pro del medio ambiente entregaron a 22 diputados ─a los otros cinco se la entregarán el día de hoy─ una solicitud para que el Congreso del Estado apruebe la realización de un plebiscito mediante el cual la sociedad decida si el Cabildo debe autoriza el proyecto urbanístico Cañadas en las faldas de la Sierra de San Miguelito.

Ayer mismo, el Frente Ciudadano Anticorrupción emitió un comunicado que entre otras cosas señala que por filtraciones y no por apertura y transparencia de la autoridad municipal, sabe que el Cabildo ya trabaja en las versiones finales de ambos programas y tienen indicios de que su eventual aprobación permitirá abrir parte de la sierra a la depredación inmobiliaria a pesar de los graves daños medioambientales que ello significa y de que no se ha definido el ANP federal.     

Por su parte, al menos cuatro ejidos y comunidades promueven, a partir de hoy, juicios de amparo contra el cambio de destino de tierras de uso común y la falta de dictamen de la autoridad ambiental en cuanto a si se pueden o no fraccionar tierras de uso común en la SSM. Se espera que sean cientos de amparos que se presenten entre hoy y la próxima semana.

Con los posicionamientos de los funcionarios federales que estuvieron el martes pasado en la ciudad y hasta con lo declarado por el gobernador en esa ocasión en el sentido de que faltan algunas etapas para emitir la declaratoria de ANP, lo que sucederá hacia mediados del próximo año, se podría pensar que se dará prioridad a la vida, a los ejidatarios y comuneros, y a los habitantes del municipio de la capital ─y de otros tres municipios─; y que la aprobación de los programas municipales quedará pendiente hasta entonces, pero los grupos ambientalistas han tenido amargas experiencias en el pasado en situaciones similares y el madruguete se ha dado, por eso están tomando acciones para evitar que mediante omisiones y el empleo de ambigüedades jurídicas y figuras legales engañosas se dé paso a la urbanización de una parte de la sierra para favorecer intereses del capital privado. 

La viabilidad de la ciudad y de sus habitantes está en juego. Por su propio bien, la sociedad debe expresar un rotundo ¡NO! a la depredación de la Sierra de San Miguelito. 

 

Se despachan con la cuchara grande

Con motivo de los informes de gobierno, que no son otra cosa que la inmejorable oportunidad para hacerse propaganda abiertamente con recursos públicos, el gobernador Juan Manuel Carreras y el alcalde Xavier Nava Palacios se despacharon con la cuchara grande difundiendo información favorable a su persona y a su gobierno a través de toda clase de soportes, medios y plataformas, aprovechando que el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales se los permite siete días antes y cinco días después del susodicho acontecimiento, a pesar de que esa disposición violenta los artículos 134 de la Constitución federal y el 135 de la Constitución local que prohíben la propaganda personalizada con fondos públicos.   

Es de llamar la atención la cantidad de anuncios espectaculares que de ambos se instalaron en avenidas de la ciudad, particularmente en Salvador Nava y el Río Santiago donde se colocaron decenas de mensajes propagandísticos con la imagen de ambos. En plena pandemia y con tantas necesidades que tiene el estado y el municipio de la capital habrá que ver cuánto se gastaron estos personajes en ensalzar su imagen con recursos públicos.