Por Victoriano Martínez
Hace exactamente tres semanas entró en vigencia el decreto presidencial que declara Área Natural Protegida a la Sierra de San Miguelito y puede decirse que los acontecimientos detonados por esa disposición van dentro de lo que se podía prever… y hasta posiblemente se han quedado cortos.
Se prevé para este miércoles la visita de María Luis Albores González, titular de SEMARNAT, para iniciar una campaña intensiva de información a las comunidades y ejidos de la nueva Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito (ANPSSM) como parte de los trabajos para establecer un plan de manejo que haga efectiva la protección ecológica de esa zona.
Una actividad consecuente con la declaratoria y que, en otros casos, no se había dado con un anuncio tan formal y que tendrá que comenzar a notarse en las comunidades y ejidos dentro del polígono de la ANPSSM.
En el otro extremo, desde la publicación del decreto el 13 de diciembre, era de esperarse una reacción vía amparos y alguna otra vía jurídica con la que representantes comunales y ejidales, alentados por los intereses de los grandes empresarios inmobiliarios, buscaran combatir la declaratoria.
Una primera acción fue la presentación del Frente Agrario Pro Familias de la Sierra de San Miguelito el 19 de diciembre, que dejaba ver la posibilidad de que se comenzara a presentar una oleada de solicitudes de amparo en contra de la declaratoria.
No obstante, a 21 días de la entrada en vigor del decreto de la ANPSSM, apenas se conoce la primera suspensión de amparo decretada por un juzgado federal, el Cuarto de Distrito, que atiende a un reclamo con el que aparentemente los comuneros de San Juan de Guadalupe insisten en vender a los desarrolladores mil 805 hectáreas, las que habían sido excluidas en el proyecto de la ANP.
“Se decreta la suspensión de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente guardan y no se prive total o parcialmente de la superficie señalada de tierras de uso común pertenecientes a dicha comunidad, con motivo de la desincorporación reclamada; hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del asunto”, dice el acuerdo.
En ningún momento se menciona una suspensión sobre el decreto y sí, en cambio, sobre un caso muy específico dentro del polígono del ANPSSM, y condicionado a que “el acto reclamado pudiera tener como consecuencia de manera inequívoca, la privación total o parcial, temporal o definitiva, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a la Comunidad San Juan de Guadalupe y sus anexos”.
A pesar de eso, es clara la intención del grupo inmobiliario de tratar de vender la idea de que se suspendió el Área Natural Protegida e iniciaron una movilización para sembrar en distintos medios de comunicación la versión de que la suspensión detiene el decreto que crea la ANPSSM, con el Frente Agrario Pro Familias de la Sierra de San Miguelito como voceros.
Un Frente y la noticia de una sola suspensión de amparo relacionada con el decreto de la ANPSSM resulta una oposición a la disposición presidencial que no responde a las expectativas de la reacción esperada, a menos que comiencen a darse más casos como el dado a conocer este lunes, que se tramita con el número de expediente 1364/2021-VIII, del Juzgado Cuarto de Distrito.
A lo que pudiera parecer una buena noticia para los desarrolladores inmobiliarios con la suspensión en ese amparo, este lunes se puede agregar la otra, que sería la mala: César Sánchez Ibarra, el funcionario que operó a favor de los inmobiliarios al interior de la CONANP para el frustrado intento de excluir las mil 805 hectáreas de la ANPSSM ya fue destituido.
Se trata de una señal por parte de Albores González acorde con lo que, en la entrevista que concedió a Astrolabio Diario Digital, advirtió que se haría de ser necesario limpiar la SEMARNAT. Este lunes la bióloga Gloria Tavera Alonso sustituyó a Sánchez Ibarra.
Una cadena de acontecimientos que describen lo que será la nueva normalidad en torno a la Sierra de San Miguelito: las autoridades y los activistas que impulsaron la declaratoria en una campaña por informar los alcances del decreto y sentar las bases para un plan de manejo efectivo, versus una contra campaña de los barones del concreto para hacer creer que se trató de un despojo.
