María Ruiz
Siete años y seis meses después de la desaparición y asesinato de Alan Ibarra Castillo, su madre, Silvia Castillo Hernández mantiene su exigencia de justicia y ahora centra su reclamo en seis personas que considera fundamentales para el juicio, pero que, asegura, no han sido presentadas por la Fiscalía General del Estado.
Alan desapareció el 23 de marzo de 2019 y posteriormente fue localizado sin vida, con signos de violencia. Silvia sostiene que fue víctima de un crimen de odio y cuestiona que inicialmente la Fiscalía haya llevado el caso como homicidio simple intencional.
“Mi hijo fue víctima de un crimen de odio. La Fiscalía abrió diversas carpetas de investigación y hoy vengo aquí porque no quiere presentar a testigos que son esenciales para alcanzar justicia y una pena máxima conforme a derecho. A mi hijo lo golpearon, le destrozaron la cara y además lo quemaron. Entonces, la Fiscalía puso homicidio simple intencional”.
Para Silvia, esa clasificación ha sido uno de los principales motivos de su lucha desde que comenzó el proceso. Asegura que ha acudido en repetidas ocasiones ante la fiscal general Manuela García Cázares para solicitar su intervención, pero afirma que no ha sido escuchada.
“Siempre he peleado contra eso. ¿Cómo puedes poner homicidio simple intencional cuando fue un crimen de odio? Por eso hoy estoy aquí. Yo le he pedido a Manuela García Cázares en infinidad de ocasiones su ayuda, su intervención, y no me toma en cuenta. He ido al Poder Judicial también y tampoco soy tomada en cuenta. Me discriminan”.
Una protesta que comenzó en 2019
La exigencia de Silvia no comenzó con el juicio actual. Desde los primeros meses posteriores a la desaparición de Alan recurrió a protestas públicas para denunciar la dilación que, según ella, existía en la investigación y exigir la detención de los tres implicados que señalaba en ese momento.
En 2019 acudió a la Secretaría de Gobernación con un ataúd como acto de protesta por la demora en las investigaciones del caso de su hijo. Un año después, en 2020, llevó su protesta hasta la Fiscalía General del Estado, donde se presentó desnuda para exigir la detención de los tres implicados en la desaparición forzada y homicidio de Alan.
“Desde la toma de la Comisión, desde subirme a Gobernación, desde entrar a la Fiscalía desnuda, lo hice para visibilizar que necesito justicia por mi hijo, porque un crimen como el de él, que fue un crimen de odio, no se puede quedar impune”.
Para Silvia, aquellas acciones fueron parte de una búsqueda que desde entonces ha estado marcada, afirma, por la falta de respuestas institucionales.
“Yo creo que por el hecho de que soy una mujer, sin dinero, sin recursos para poder comprar la justicia, me queda claro que la justicia la venden y yo no tengo manera de comprar la justicia”.
Los seis testigos que pide llevar al juicio
El reclamo que ahora coloca frente a la Fiscalía tiene seis nombres concretos. Silvia pide la comparecencia de la exagente de la Policía Investigadora de la FGE; de la ex titular de la Unidad de Inteligencia de la Dirección General de Métodos de Investigación de San Luis Potosí; del exagente del Ministerio Público de la FGE, que llevó de inicio su caso; a la arrendataria del departamento donde vivía Alan; a un exagente policial de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Estado de SLP, y a un testigo visual, a quien identifica como dueño de un negocio de electrónica y al que se relaciona con material videográfico que considera relevante para el caso.
Silvia considera que estas seis personas pueden aportar información relevante para esclarecer lo ocurrido y cuestionó que no hayan comparecido.
“¿Por qué no vienen a comparecer, a dar su testimonio?”.
Sobre el último testigo visual de los hechos, Silvia explicó por qué considera indispensable su declaración.
“El testigo que proporcionó los videos que pertenece, y es dueño a una tienda de material electrónico , tenía que comparecer a juicio porque es fundamental. Pero no llegó”.
Según Silvia, la Fiscalía le ha dado como explicación que no ha podido localizar a los testigos.
“No es posible que la Fiscalía me diga ‘no los encuentro, no los hay’. Que la Fiscalía haga su trabajo, porque tengo derecho a la verdad y a la justicia”.
Los delitos que, asegura, fueron retirados
El reclamo actual se enlaza con una inconformidad que Silvia arrastra desde la primera sentencia del caso.
Dos personas fueron sentenciadas a 20 años de prisión. Silvia sostiene que durante ese proceso la Fiscalía retiró delitos que ella considera plenamente acreditados.
“A los dos los sentenciaron con 20 años. Les quitaron desaparición forzada entre particulares, delito que estaba plenamente comprobado. Les quitaron falsedad de declaraciones, delitos que estaban plenamente comprobados. Delitos que estaban plenamente comprobados se los quitaron”.
Silvia sostiene que desde 2019 la Fiscalía también tenía identificado a otro de los señalados por el caso:
“La Fiscalía dijo que hubo un tercer asesino. Ahí lo tenía la Fiscalía desde 2019, pero nunca lo sacaba a juicio”.
Ante ello, relata que presentó escritos ante distintas autoridades para pedir que el caso avanzara.
“Yo les hice escritos a Manuela, en ese entonces a Amaro García, que era el comisionado ejecutivo del Estado de atención a víctimas. He metido muchos escritos a todas las autoridades, siendo todas ellas omisas”.
La sentencia de 20 años es, para Silvia, insuficiente frente a la violencia que sufrió su hijo.
“¿Ustedes creen que 20 años para alguien que le destrozó la cara a mi hijo, que se la despedazó, y que la Fiscalía ha sido omisa, ha sido corrupta, y que yo soy mujer y que Manuela no me escucha? Tantos escritos que le he metido a todas las autoridades y no soy escuchada. Merezco la justicia”.
El juicio que continúa
Al ser cuestionada sobre las personas relacionadas con el caso, Silvia explicó que no todas han recibido una sentencia y que el proceso continúa contra Adrián N y Víctor Alfonso N.
Silvia explicó que, en este proceso, consiguió que la acusación contemplara homicidio calificado y los delitos que, según sostiene, fueron retirados en el caso de los dos primeros sentenciados.
“Ya logré que le pusieran homicidio calificado. Fue un crimen de odio. Ya logré que le pusieran los delitos que la Fiscalía les quitó a los otros dos y voy a luchar porque los otros dos vayan y se les ponga la pena, porque hicieron una pena con todas las corruptelas”.
Pero su principal reclamo vuelve a ser la falta de los testigos.
“Estos van a juicio, pero la Fiscalía sigue tapando al homicida de mi hijo, Adrián. ¿Por qué? Porque no quiere presentar a los testigos. Estoy ante un Estado indolente”.
Para Silvia, el proceso también ha estado marcado por las dificultades para ser recibida y escuchada por las instituciones. Asegura que en el Poder Judicial del Estado ha enfrentado obstáculos para ingresar , una para pedir razones sobre el caso y el proceso Judicial y dos para manifestarse y que incluso otras madres han podido entrar mientras a ella se le impide el acceso.
“He ido al Poder Judicial también y hombres me han aventado cuando he pedido que me dejen entrar. Se meten otras madres, pero a mí me dejan afuera. En una ocasión mandaron hombres a que me violentaran, cuando lo único que pido es justicia y que no se dejen a los asesinos sin justicia”.
La madre de Alan afirma que ha tenido que sostener prácticamente sola su exigencia de justicia y que no ha encontrado el acompañamiento que esperaba.
“Ya he pedido ayuda a todos donde pueda ir y nadie me escucha. Hoy la Suprema Corte de Justicia me dio la representación extraordinaria. Voy y vengo, voy y vengo porque me siguen violentando. A la Fiscalía le vale que ya el ministro, la máxima autoridad en México, ya se intervino en el caso de mi hijo”.
Su reclamo incluso llegó hasta la Ciudad de México:
“Me tuve que ir a México a pedirle al ciudadano ministro de la Suprema Corte de Justicia que me diera la defensa extraordinaria, porque necesito justicia, pero la Fiscalía sigue escondiendo a los testigos”.
Silvia vuelve entonces al mismo punto desde el que comenzó su intervención. Para ella, los años transcurridos no han significado el cierre del caso, sino una prolongación de la búsqueda.
“Soy una madre que está invisibilizada porque no tengo dinero para comprar la justicia. La justicia aquí en San Luis se vende y yo no tengo para buscar justicia”.
También reclama la falta de acompañamiento durante los años que lleva buscando esclarecer el caso.
“No hay quien le dé un acompañamiento a una madre que pide justicia. No hay un activismo como sí para defender otras causas, porque no se fijan en que soy una mamá que tengo seis años, siete años y seis meses de injusticia, de corrupción”.
Y antes de terminar, Silvia dejó una pregunta que resume su reclamo ante las instituciones.
“¿Qué más quieren que haga? No se vale, no se vale. Tengo derecho a la verdad y a la justicia, lo hago por mi hijo”.
