Por Victoriano Martínez
Por primera vez, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) aparece en el Presupuesto de Egresos del Estado y lo incluyeron con un monto de seis millones de pesos.
Efecto o no del punto de acuerdo tomado por el Congreso del Estado en la sesión del 30 de octubre, finalmente se le abrió un espacio en la distribución del presupuesto estatal que para 2020 será de 50 mil 228 millones 93 mil 173 pesos, es decir, al SESEA le destinaron el 0.012 por ciento equivalentes a 12 centavos de cada 100 pesos que gastarán aquellos a quienes tiene que vigilar.
No es la primera vez que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es considerado en el presupuesto estatal, aunque sí la primera que se le asigna directamente al órgano operativo del Sistema.
En el presupuesto de egresos de 2017 se le asignó al Sistema Estatal Anticorrupción un presupuesto de tres millones de pesos. De acuerdo con la respuesta que la Secretaría de Finanzas dio el 14 de abril de 2018 a la solicitud de información 00230418, aquella partida se amplió a 6 millones 377 mil 121.22… pero no se ejerció.
En ese año, según el oficio que acompañó a esa respuesta, firmado por Manuel Algara Cossío como director general de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, se destinaron 7 millones 840 mil 577.78 pesos más para el SEA, a través del Tribunal de Justicia Administrativa (5 millones 690 mil 209.18 pesos) y de la Contraloría General del Estado (2 millones 150 mil 368.60).
Casi 8 millones de pesos gastados en un sistema que para ese momento sólo contaba formalmente con la Comisión de Selección, y un fantasmal Comité de Participación Ciudadana que fue reconocido formalmente en el Periódico Oficial del Estado hasta julio de 2018. Un fondo superior al hoy asignado al SESEA que el Tribunal y la Contraloría se gastaron en nada, y sin rendir cuentas.
Para los presupuestos de 2018 y 2019, el Sistema Estatal Anticorrupción no existió. Los conflictos, indefiniciones, renuncias y pasos en falso dados por la Comisión de Selección, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador, que aún ahora no han terminado de integrarse al cien por ciento, no requerían de presupuesto.
En 2017, los tres millones de pesos se le asignaron al “Sistema Estatal Anticorrupción” en el apartado correspondiente a “Administración Pública Paraestatal”. Pera el 2020, el presupuesto se asigna al “Secretariado Ejecutivo del Sistema Anticorrupción” por seis millones de pesos, en el mismo apartado. El Sistema dejó de ser Estatal.
Algunos integrantes del Comité de Participación Ciudadana creyeron en un primer momento que por tercer año no se incluía al SEA en el presupuesto, pues lo buscaron en el apartado de “Organismos Autónomos”.
El Sistema Anticorrupción ya tiene presupuesto, pero en el anexo 25, “Marco de resultados de mediano plazo / Indicadores de Desempeño”, no se establece ningún indicador específico para conocer los avances del SEA.
En el “Eje 5: San Luis con Buen Gobierno”, se señala como objetivo “disponer de elementos institucionales para la creación del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, así como esquemas de auditoría y fiscalización”, y se mencionan dos indicadores:
- Porcentaje de seguimiento a la atención de auditorías realizadas y las observaciones determinadas por la ASF, SFP, ASE y directas de la CGE a dependencias y entidades de la administración pública del Estado en el periodo.
- Porcentaje de Implementación del Programa de Control Interno Institucional en la Administración Pública Estatal.
En el objetivo se señala al SEA, pero en los indicadores no.
Así de claro tiene el gobernador Juan Manuel Carreras López el tema que escogió como principal bandera al iniciar el sexenio, al grado que envió las iniciativas para crear el SEA al Congreso del Estado como “iniciativa preferente”. Lo que vino a partir de ahí fue la conversión del Sistema en el más burdo disfraz de la Simulación Estatal Anticorrupción.
