Simulación fiscalizadora; de plácemes los corruptos

Antonio González Vázquez

La Auditoría Superior del Estado (ASE) fue eliminada tras diecisiete años de agria y controvertida vida.

Borrada por mandato legislativo y el impulso y anuencia del ejecutivo; la sustituye el Instituto de Fiscalización Superior del Estado.

Cuidar los recursos públicos de las tentaciones de servidores públicos deshonestos ha sido una buena intención desde hace más de un siglo.

Sí, una simple intención.

Desde 1826, la Constitución del Estado incluía una Contaduría General que, para 1918 se convirtió en Contaduría General de Glosa del Estado que, para 1943 es dotada de facultades para fincar responsabilidades a los funcionarios cuando en la revisión de cuentas públicas aparecieran irregularidades.

En 1993 desaparece esa instancia al crearse la Contaduría Mayor de Hacienda, su propósito, revisar las cuentas públicas y comprobar si las entidades auditadas se sometieron al presupuesto y, en caso contrario, señalar responsabilidades conforme a la ley.

En mayo de 2006, entra en vigor la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí y desaparece la Contaduría Mayor de Hacienda para dar paso a la Auditoría Superior del Estado, a la que se otorga autonomía técnica, administrativa, de gestión.

La finalidad de esa entidad hoy desaparecida, era impulsar en los distintos entes auditables de los tres Poderes del Estado y los municipios, sistemas de control interno de sus finanzas públicas a través de mecanismos de revisión; con el propósito de procurar brindar certeza a los potosinos respecto al manejo de los recursos públicos.

Luego, en 2017 fue derogada la Ley de Auditoría Superior y surgió la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, un año después, es objeto de una reforma integral tras el surgimiento de sistemas nacionales y locales de fiscalización y anticorrupción.

El pasado 24 de agosto, esa legislación fue derogada y sustituida por la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado.

Nueva ley, nuevo organismo fiscalizador.

La ASE había nacido bajo el cobijo del entonces gobernador Marcelo de los Santos Fraga. Su primer titular, Héctor Mayorga Delgado, pasó de la Secretaría de Finanzas de gobierno del estado a la Auditoría.

La institución presuntamente fiscalizadora se extinguió sin contar con un titular firme, pues la Auditora Edith Virginia Muñoz Gutiérrez es encargada del despacho desde diciembre de 2021 tras la renuncia de Rocío Elizabeth Salgado.

Muñoz Gutiérrez laboraba en la ASE, pero al inicio de la administración de José Ricardo Gallardo Cardona, fue comisionada y se integró al DIF Estatal.

En los hechos, ella mantiene su estatus de encargada del despacho, ya no de la ASE sino del IFSE.

El legislativo ha ofrecido que en breve se emitirá la convocatoria para la elección del o la nueva Auditora, en cuyo caso, la encargada del despacho podría participar.

A menos que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y sus aliados en el Congreso del Estado tengan un as bajo la manga, Muñoz Gutiérrez será su carta fuerte.

Como con el nacimiento de la ASE, con el IFSE está la mano sucia de los intereses políticos y partidistas, de modo que el cambio de ley e institución ensombrecen cualquier expectativa de cambio.

La ASE dejó un largo historial de escándalos, de manera que se le reconocía como entidad dedicada a solapar los presuntos malos manejos de los servidores públicos, que como una auténtica instancia revisora rigurosa y puntual en el ejercicio de los recursos públicos.

Tapadera de corruptos, maquilladora de cuentas, cómplice de la deshonestidad, institución a modo dedicada a limpiar trapos sucios, incubadora de impunidad, eso fue la ASE en su corta vida que será recordada por el caso pestilente de la Ecuación Corrupta durante la gestión de José de Jesús Martínez Loredo.

Lamentablemente no hay indicios de que eso vaya a cambiar por la emisión de una nueva ley de fiscalización ni con el nuevo organismo auditor.

La LXIII legislatura tomó la decisión política de dejar pasar el tiempo y aplazó durante veinte meses la urgente necesidad de restaurar el orden y legalidad en la ASE. Con desdén y evidente intención facciosa, dio entrada a la iniciativa que al final sacaron adelante sin mayor discusión, salvo pronunciamientos insustanciales en tribuna que nunca fueron al fondo del asunto.

De haber nueva o nuevo titular de ese Instituto antes de que termine el año, será muy probablemente alguien afín al gobernador y al Partido Verde Ecologista de México.

Protección garantizada por los próximos nueve años.

La burocracia dorada de la ex ASE, sea sindicalizada o de confianza, continuará en sus cargos; no se pensó en una necesaria limpia de gente aveza enquistada por los partidos y diputados desde que surgió la institución.

Prevalecerán los vicios de siempre pues las leyes no fallan tanto como las personas.

Como dijo alguna vez el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, el gallardismo va por al menos un sexenio más en el gobierno estatal, pero por si las dudas, ya tienen un órgano fiscalizador a modo.

No en balde, en una semana hicieron que 34 Cabildos Municipales aprobaran la minuta legislativa que marcó la extinción de la ASE y el nacimiento de una nueva ley fiscalizadora, lo cual ya se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Las y los alcaldes, saben bien por dónde va la cosa y se vacunan desde ahora al alinearse al ejecutivo.

De la ASE solo queda el mal recuerdo y empieza a escribirse la historia del nuevo Instituto bajo férula verde.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación durante 25 años. Además, durante 30 años se ha desempeñado como periodista en medios como El Heraldo, El Mañana de Ciudad Valles, Pulso, Milenio San Luis, Diario Digital San Luis, Librevía, La Jornada, Global Media y actualmente en Astrolabio Diario Digital y Periodismo Político.com. También ha sido corresponsal de medios nacionales como Agencia de noticias Notimex, La Jornada y Milenio.

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