Estela Ambriz Delgado
Si bien la declaratoria de la Ruta Wixárika por los sitios sagrados a Wirikuta como Patrimonio Mundial es un logro de gran trascendencia para el pueblo indígena y quienes les acompañaron, la realidad es que para llevarlo a cabo es necesario que el Estado Mexicano proteja los 20 sitios, pues hay casos como el de Wirikuita, donde existe una gran amenaza de extracción minera, pese a tener un decreto como Área Natural Protegida (ANP).
Respecto a las diversas implicaciones que conlleva el reciente reconocimiento de la ruta que pasa por 20 sitios sagrados, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el doctor en Ciencias Sociales y autor del libro Wirikuta contra la Hidra capitalista, David Alan Gutiérrez Mannix, consideró que en primer lugar es necesario reconocerlo como un logro del pueblo wixárika, pues es resultado de un proceso que iniciaron desde la década de los 80.
Puntualizó que a través de los años el pueblo no quitó el dedo del renglón, y en esta ocasión el gobierno federal los acompañó en el proceso, pues en con otras administraciones, lo que se buscaba era imponer una idea de desarrollo a través de la industria, minería y turismo.
“Este gobierno actual y el anterior decidieron acompañar a los wixárika y entre el esfuerzo tanto del pueblo indígena como del gobierno federal, en este caso y también de muchas académicas, organizaciones de la sociedad civil, activistas, artistas, etcétera”.
No obstante, reconoció que, si bien la declaratoria es de gran trascendencia, no significa que soluciona todo, ya que no equivale necesariamente a una protección plena por parte del estado mexicano, al que le correspondería emprender las acciones necesarias para mejorarlos y salvaguardarlos, en sus tres niveles de gobierno.
Subrayó que lo que sucede con esta inscripción en la lista de patrimonio mundial es reconocer una ruta histórica, cultural, religiosa y también comercial, que viene desde tiempos mesoamericanos y desde antes de la conquista.
La complejidad de los territorios
La realidad es que la declaratoria en este momento sólo sirve como un elemento político, de prestigio y presión social para asegurar la protección de esta ruta, que es muy grande y por tanto conlleva múltiples y diversas problemáticas en los territorios, pues va desde San Blas, Nayarit hasta Wirikuta en San Luis Potosí, como explica Gutiérrez Mannix.
“Imaginemos que es como un rombo y que el rombo está cortado, y la parte más larga del rombo un lado está allá en el mar, en Nayarit, y la otra punta va a estar en Wirikuta. Además de eso, la punta norte del rombo está en Durango, la punta sur en Jalisco, en la Isla de los Alacranes que están del lado de Chapala. Entonces, es un territorio inmenso que tiene montones de problemáticas distintas en diferentes lugares”.
Indicó que en algunos lugares el turismo es la mayor amenaza, como en el caso de San Blas, Nayarit, donde se han pretendido instalar hoteles en su playa; en territorios como Wirikuta se encuentra la minería, la agroindustria y la extracción excesiva de petróleo. En otros sitios, aunque no se les afecte directamente, sí hay una incidencia por diversas actividades como la utilización de agua para balnearios, lo que puede disminuir los niveles de manantiales sagrados.
“En este caso no es de un solo sitio, sino que más bien es algo como que se compone de 20 sitios diferentes, y cada uno tiene sus conflictos. Entonces ahora eso debe servir para que tanto el Estado refuerce la protección, como que también la sociedad civil empiece a hacer propio el territorio, activarlo, a mesurar la manera en la que se interactúa con estos territorios (…) ya que toda actividad humana va a generar un impacto”.
El investigador también hizo mención de que además de los 20 sitios, la declaratoria incluye zonas de amortiguamiento, en las que no deben realizarse actividades altamente dañinas, aunque no existe ninguna clase de multa o penalización para quienes lo lleven a cabo, por lo que al Estado Mexicano le compete garantizar su protección.
“No va a venir una policía internacional a protegerlo, sino que más bien el Estado Mexicano es el que tiene que garantizar que se proteja. Hay un Plan de Manejo, que se construyó por parte del pueblo wixárika con las autoridades mexicanas y de la ONU. Ese plan de manejo se tiene que seguir, se tiene que bajar a nivel de territorio todo lo que se aprobó en Francia”.
Se requiere protección de la legislación mexicana
Gutiérrez Mannix considera necesario que estos sitios ya delimitados por la declaratoria de patrimonio mundial también sean reconocidos por la legislación mexicana, que si bien en algunos casos hay decretos de ANP como en el caso de estado de Zacatecas, y Wirikuta en San Luis Potosí, son de carácter estatal.
Aseveró que lo ideal sería generar una declaratoria nacional donde esas zonas tuvieran una regulación especial en la que se involucre también a las y los habitantes del territorio, las y los ejidatarios, pues históricamente ha habido tensión entre los wixárikas y los núcleos agrarios, fomentadas por intereses políticos de las autoridades.
Además, sería conveniente construir planes de manejo compartidos a fin de que las y los ejidatarios tampoco se vean limitados en sus actividades económicas, pero que se excluyan actividades de minería y agroindustriales, así como desarrollos turísticos y extractivos.
En este sentido, recordó que las más de 20 concesiones mineras que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa otorgó en Wirikuta están suspendidas por medio de un amparo, pero en realidad no se han declarado totalmente canceladas. Una declaratoria nacional podría servir para frenar estos proyectos que ponen en peligro al territorio wixárika.
En el caso del ANP estatal de Wirikuta, señaló que además de que no recibe el presupuesto adecuado, los municipios que abarca —Catorce, Villa de la Paz, Matehuala, Villa de Guadalupe, Charcas y Villa de Ramos— tendrán que tener una labor fundamental, pero la realidad es que no le dan mayor importancia.
“Ellos utilizan Wirikuta como para traer turistas, pero no le entran en realidad la protección del sitio, porque hay muchos de intereses de por medio (…) sobre todo el municipio de Catorce ha quedado mucho a deber la implementación del Área Natural Protegida, el cual también tiene su propio Plan de Manejo, y se incumple”.
