Por Victoriano Martínez
Al rendir protesta como presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) al medio día de este jueves 5 de marzo, Fabián Espinosa Díaz de León alcanzó su primer logro al frente de ese organismo: después de muchos meses y hasta años se volvió a hablar de su organización… para mal, como siempre desde su inicio.
Cuando el Comité de Selección nombró a los primeros cinco integrantes numerarios del CPC el 20 de septiembre de 2017 cometió la primera pifia: incumplió con la paridad de género obligada por la ley al nombrar a cuatro hombres y una mujer, Alma Irene Nava Bello, quien renunció a su nombramiento.
Desde entonces, la disputa por la presidencia del CPC acaparó la atención de sus integrantes y se convirtió en el tema principal que los distrajo de cumplir con las atribuciones que les marcó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
La de Nava Bello no fue la única renuncia. De los cinco integrantes supernumerarios, sólo se presentaron al acto de protesta tres, de los cuales quien ocupaba la segunda posición, Mónica Torres Palacios, protestó temporalmente en el lugar de Nava Bello, por lo que asumió la presidencia del CPT.
Así fue como desde el inicio se presentaron las disputas por la presidencia del Comité, que impidieron avanzar la operación del SEA y se inauguró una ruta de señalamientos internos y una disputa por la presidencia en la que algunos de los inconformes con Torres Palacios veían en el cargo la vía para manejar del presupuesto asignado al Sistema.
La pretensión de contralar el presupuesto se volvió un incentivo que contrarrestaba el carácter honorario del cargo.
La expectativa ciudadana sobre el entonces nuevo Sistema Estatal Anticorrupción se diluyó ante el denigrante espectáculo de la disputa por la presidencia del CPC por la que fue hasta casi tres años después que se integraron la totalidad de los cargos para el funcionamiento del SEA, con el nombramiento del primer secretario ejecutivo, Rafael Rodríguez López.
Fue hasta entonces que los integrantes del CPC se percataron que poco tenían que ver con el manejo del presupuesto para el SEA, pues su uso se define a propuesta del secretario ejecutivo y se aprueba por el Comité Coordinador, con seis sillas de representación gubernamental, más una representación del CPC.
Como si hubiera desaparecido el incentivo para disputar la presidencia del CPC, el espectáculo de disputa comenzó a esfumarse al grado de que, aunque se comenzó a avanzar en algunas de las obligaciones legales del SEA, carecían de la espectacularidad que la única notoriedad que le dieron al Sistema fue que se trató de una simulación para desviar la atención.
Como ente de simulación, el SEA se convirtió en un aparato burocrático más que cumple a cuentagotas las obligaciones legales y opera una Plataforma Estatal Digital con información incompleta, emite una Política Estatal Anticorrupción que nadie conoce, mucho menos la aplica, y cumple religiosamente con sus sesiones trimestrales de su órgano de gobierno de las que poco se sabe porque sobre todos sus actos hay un esfuerzo casi nulo de difusión.
¿Desde cuándo se dejó de hablar del Sistema Estatal Anticorrupción? El tiempo que haya pasado es lo de menos. El dato relevante es que cuando se hablaba, se hablaba mal por las mezquinas disputas entre los integrantes que apuntaban a buscar manejar el presupuesto para el SEA.
Los nombramientos que se dieron junto con el de Fabián Espinosa Díaz de León habrían pasado inadvertidos como el mismo lo señaló: sólo tres personas respondieron a la convocatoria y por eso tuvieron asegurado el puesto.
Nadie hablaría de esos nombramientos ni del SEA, de no ser porque los antecedentes de Espinosa Díaz de León le dan una dimensión más perversa a la simulación que, desde que se creó, ha sido el Sistema: le añade el cinismo de quien sabe que incurre en conflicto de interés, pero aun así prácticamente se proclama adalid del combate a la corrupción.
“Vamos a hacer todo con la legalidad que se requiere, pero insisto, mis actividades personales ahorita son de menor interés ante esta gran responsabilidad que tengo”, dijo al ser cuestionado sobre su conflicto con la UASLP por acordar construir un centro deportivo, cambiarlo por un centro comercial y terminar por demandar por más de 600 millones de pesos a la Universidad.
Un sobre lacrado como instrumento de amenaza y de chantaje a la autoridad; un antecedente como aviador en la Comisión Estatal del Agua, y un pretendido engaño a la UASLP en el que le “vende” centro comercial por campus deportivo como antecedentes personales, ¿de verdad pueden dejarse a un lado como si no reflejaran actitudes?
¿Cómo garantiza Espinosa Díaz de León que con esos antecedentes cargados de sospechas –y hasta certezas– de corrupción no va a utilizar la presidencia del CPC-SEA como instrumento para intereses personales? Mínimo, sus interlocutores lo atenderán con desconfianza… o como potencial aliado para actuar con impunidad.
