Por Victoriano Martínez
Los efectos de la urbanización de parte de la Sierra de San Miguelito no sólo tienen que ver con el caos y las inundaciones que provocan las lluvias en la ciudad, sino también con el desabasto de agua potable, riesgos sanitarios para la población y la vulneración de la seguridad alimentaria de comunidades agrícolas, entre otros efectos.
Un fenómeno que no ha pasado inadvertido para investigadores académicos como Jonathan Quintero García, quien además preside el Consejo Hídrico Estatal (CHE) y forma parte de los grupos de activistas que se han sumado a las acciones de protección y restauración de la Sierra de San Miguelito.
Como Área Natural Protegida (ANP), no ha alcanzado las suficientes garantías para librarse por completo de las intenciones depredadoras de desarrolladores inmobiliarios, al grado de que los Guardianes de la Sierra de San Miguelito han promovido que se le declare zona de seguridad nacional.
Para Quintero García, la Sierra de San Miguelito presenta cuatro características sobre otra situación por la que se deben proteger zonas clave del ciclo del agua: la sobreexplotación de acuíferos, la pérdida de áreas de recarga hidrológica, la expansión urbana e industrial desordenada y los efectos del cambio climático.
Circunstancias que también afectan a la Sierra de Álvarez que tienen en común con la Sierra de San Miguelito una declaratoria como Área Natural Protegida que, aunque tiene más de 44 años, aún no cuenta con programa de manejo que permita hacer efectivo su condición de ANP.
Los problemas que enfrentan las zonas clave del ciclo del agua en el Estado no se limitan a las dos Sierras que prestan servicios ambientales a la ciudad.
“El 75% de la población del estado depende del agua subterránea como fuente principal de abastecimiento, siendo en muchas regiones la única fuente disponible”, advirtió Quintero García en su propuesta de para la creación de una nueva categoría de Área Natural Protegida: “Área de Recarga Hidrológica” presentada esta semana ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
No obstante, de acuerdo con los estudios que sustentan la propuesta de Quintero García la Sierra de Álvarez y la Sierra de San Miguelito han padecido el crecimiento urbano expansivo y especulativo, la industrialización sin ordenamiento hídrico que sin figuras de protección legal específicas, ha provocado una alteración grave en esos ecosistemas.
“San Luis Potosí tiene el potencial de convertirse en un referente nacional e incluso internacional, al ser el primer estado en impulsar esta nueva figura de Área Natural Protegida, enfocada en el componente hidrológico del territorio. Las Sierras de San Miguelito y de Álvarez son territorios clave para su implementación piloto”, propone Quintero García.
Para el caso de la Sierra de San Miguelito, la medida representaría una forma de extender y fortalecer la protección como ANP, en tanto que para la Sierra de Álvarez sería una manera en la que se volvería a impulsar su condición de área natural protegida que ha sido ignorada en la medida en que no se han tomado en cuenta las exigencias para que se elabore su programa de manejo.
Una propuesta que ha sido reforzada con la iniciativa para incorporar la figura de las Áreas de Recarga Hídrica Prioritaria (ARHP) a las leyes Ambiental y de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano estatales, presentadas por la diputada Nancy Jeanine García Martínez en el Congreso del Estado.
Pedro Álvarez Icaza Longoria, titular de la CONANP, pidió a Quintero García intercambiar toda la información para impulsar y homologar la propuesta en el ámbito federal como parte del Plan Nacional Hídrico, lo que abre la posibilidad de que San Luis Potosí marque “un precedente nacional en materia de justicia hídrica, conservación ambiental y resiliencia territorial”.
Ante los efectos de la urbanización de parte de la Sierra de San Miguelito, la propuesta del CHE es una reacción que intenta revertir el abatimiento de los mantos acuíferos y sus consecuencias en el desabasto de agua potable, los riesgos sanitarios para la población y la vulneración de la seguridad alimentaria de comunidades agrícolas, entre otros efectos.
