Por Eduardo Delgado
A los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), en especial a Oskar Kalixto Sánchez y Rigoberto Garza de Lira, “les llueve sobre mojado”.
Un día antes de la solicitud de su desafuero, presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) al Congreso del Estado, ex regidores de Santa María del Río requirieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) amonestarlos, incluida a la magistrada Yolanda Pedroza Reyes.
Heriberto Hernández Martínez y Pablo García Martínez, panista y priísta, respectivamente, promovieron un Juicio Electoral contra los tres por su “negativa” y “omisión” a entregarles cheques que reclaman por concepto de remuneraciones cuyo pago les fue suspendido durante el ejercicio de su encargo en el trienio 2012-2015.
El pasado 30 de agosto los inconformes pidieron al tribunal federal amonestar a los magistrados potosinos: el magistrado presidente Oskar Kalixto, así como Rigoberto Garza y Yolanda Pedroza.
“Para que en lo subsecuente actúen de conformidad a derecho y sepan de las responsabilidades en que incurren por detener los haberes de un servidor público sin justificación legal alguna”, añadieron.
Los ex regidores, representados por Huitzimengari Herrero Romero y Mariano Jesús Mejía López, emprendieron el litigio en octubre de 2015 y hasta hace unas dos semanas el Ayuntamiento de Santa María del Río les depositó los cheques en el tribunal local.
En el Juicio Electoral los agraviados expusieron que la retención de los cheques “violenta el principio de inmediatez que debe regir en las actuaciones en materia electoral”.
Asimismo consideraron vulnerado su derecho al acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución, porque “no existe disposición legal alguna que justifique la negativa a entregarnos los citados cheques, haciéndose patente un notorio descuido en la impartición de la justicia”, condenaron.
Heriberto Hernández y Pablo García precisaron que antes de recurrir a la Sala Superior del tribunal federal, acudieron el miércoles a solicitar los documentos cobrables y se los negaron.
Al día siguiente, la Procuraduría pidió al Poder Legislativo aprobar el desafuero de Oskar Kalixto y Rigoberto Garza, a quienes su compañera Yolanda Pedroza acusó de falsificar documentos, abusar de su poder, discriminarla y por el ejercicio indebido de sus funciones públicas.
